El Caso de la masacre de Tumeremo, estado Bolívar, cuyas investigaciones se mantienen en un particular hermetismo, para el diputado Américo De Grazia es una herida abierta, que obviamente trae secuelas, teniendo su epicentro en el Arco Minero, proyecto que debió obtener la aprobación de la Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela.

“Los hechos irregulares que se han registrado y continúan dándose en la zona, no es otra cosa que la errada política de Estado. La masacre de Tumeremo no ha sido la única, fue la más notoria, comunicacional, porque los desaparecidos y luego fallecidos tenían pueblo y familia; suerte o destino que lamentablemente no tuvieron las víctimas de las 30 masacres ocurridas antes y después de Tumeremo», dijo el parlamentario al destacar que «después de este hecho por demás noticioso se produjeron tres matanzas dos en la Piragua y otra en El Callao”, aseguró De Grazia.

“De modo que estamos hablando de una política de Estado que además se describe en tres palabras Arco Minero, proyecto criminal, pues pretende diezmar a toda la población indígena en esos 111.800 km2, extensión territorial más grande que Cuba y Panamá y similar a Portugal, eso nos da una dimensión de todos los peligros que se corre en esa zona, y por último es genocida, pues hay desplazados, grupos paramilitares y otros de toda índole”.

Sobre estos grupos el diputado De Grazia señaló que estos utilizan armas de la República, provenientes de las FANB y del parque de las policías de Estado, algo que no tiene explicación de cómo llegan a las minas sobretodo porque es una zona militarizada.

Destacó el diputado que hay algunos elementos nuevos que nos preocupa aún más, es decir, “cuando el gobierno insiste en ejecutar el Arco Minero como una política de ingreso para la nación. En el mejor de los casos citando palabras textuales del presidente Maduro al país le ingresarán en los próximos 10 años –si los venezolanos se lo permitimos- de acuerdo al estimado oficial ingresarían en 10 años 100 mil millones de dólares que no representan ni el 10% de los ingresos que recibió Venezuela por concepto de renta petrolera en los últimos 10 años, y que lamentablemente no serán destinados para resolver los problemas del país”.

Pero eso no es todo, señaló de Grazia, lo más pernicioso es que la institución responsable de la seguridad, custodia de esta zona tan extensa es la FANB, y el gobierno creó una empresa mediante la cual las fuerzas armadas tienen la potestad sobre la explotación petrolera, gasifica, oro, diamante, entre otros. A este combo depredador, participaran unas 130 empresas extranjeras de unos 30 países.

Evely Orta

Corresponsalía Caracas/ Cactus24 (16/06/2016).