Sobre el mapa, la ciudad colombiana de Cúcuta y la venezolana de San Antonio del Táchira son dos urbes diferenciadas y separadas por una frontera que, para sus ciudadanos, apenas supone una línea imaginaria que cobró vida hace un año, cuando fue cerrada por orden de Caracas.

El 19 de agosto del año pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de cerrar el paso por el puente internacional Simón Bolívar, que une ambas ciudades formando una conurbación, los 650.000 habitantes de Cúcuta y los 50.000 de San Antonio supieron que comenzaban tiempos difíciles.

Muchos de ellos tienen familiares a ambos lados producto de años de coexistencia.

Algunos tienen hijos que estudian al otro lado de la frontera y la mayoría hacen negocios tanto en Venezuela como en Colombia ignorando el río Táchira, frontera natural entre los dos países que también comienza a convertirse solo en una línea azul para los cartógrafos debido a la casi total ausencia de agua.

En buena medida, esa convivencia se ha construido con base en el comercio, uno de los sustentos de la ciudad de Cúcuta.

«Cúcuta es una ciudad comercial y nos hacían falta nuestros vecinos», comentó a EFE Edwin Tarazona, gerente de un almacén de repuestos para vehículos que calcula que con el cierre de la frontera, reabierta el pasado sábado, las ventas cayeron en un 40 %.

Los vehículos son una de las muestras de los lazos que existen a ambos lados de la frontera ya que muchos circulan por Cúcuta con matrícula venezolana, si bien se percibe una reducción con respecto a los que lo hacían hace casi doce meses.

Otro cambio que se aprecia a simple vista es la desaparición de los «pimpineros», los vendedores de gasolina de contrabando que llegaba de Venezuela, país asentado en un pozo de petróleo y donde es mucho más barata.

Tras el cierre de la frontera, los cucuteños tuvieron que afrontar una escasez de combustible que el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, enfrentó llevando a la zona gasolina a precios más populares.

Cuando se reabrió la frontera, Cúcuta parecía haber superado esos problemas, si bien el freno a la llegada de combustible ilegal seguirá siendo un reto para las autoridades en los próximos meses.

Sin embargo, la cultura de la ilegalidad no ha desaparecido del todo y las célebres trochas, los senderos de montaña que usaban los contrabandistas para llevar productos de manera ilegal a uno y otro lado siguen abiertas pero con menos afluencia.

Así lo reconocen muchos ciudadanos venezolanos, que aseguran que durante el cierre fronterizo continuaban llegando a San Antonio alimentos y medicinas de Colombia que paliaban en parte el desabastecimiento que sufre la ciudad.

«Íbamos con la colaboración de las autoridades, que nos ayudaban y pasábamos con repuestos», señaló Alfonso Martínez, un taxista de San Antonio que reconoció haber pasado en varias ocasiones la frontera de manera irregular previo soborno para surtirse de piezas que permitan mantener su carro en marcha.

Así pasaba también con los alimentos, que para muchos padres de familia solo se podían conseguir en puestos de venta irregulares que, tal y como afirmó el sanantoniense Róbinson Pérez, sufrieron notables incrementos de los precios.

El costo de los alimentos en los puestos irregulares llegó a triplicarse, explicó Pérez, que aseguró que era la única manera de sacar adelante una familia ante la escasez de productos en los supermercados venezolanos.

Según pudo constatar EFE, en la mayoría de los centros de abasto de San Antonio no hay productos básicos como harina, azúcar o aceite, lo que se agrava por el hecho de que no haya medicamentos ni artículos esenciales de higiene como papel higiénico o toallas para mujeres.

Debido a esa escasez, la reapertura de venezolanos llevó a más de 100.000 a cruzar la frontera el primer fin de semana de su reapertura, y mientras la zona comercial de San Antonio estaba desierta, la de Cúcuta bullía.

Los ciudadanos de Venezuela se agolpaban a las puertas de la frontera y eran fruto del desespero por conseguir al otro lado alimentos y medicinas, una situación opuesta a la que se vivió hace casi un año.

Entonces, alrededor de 21.000 colombianos abandonaron Venezuela, donde residían hacía años, unos expulsados y otros de manera voluntaria ante la presión de las autoridades.

Entre los ciudadanos de ambos lados se desató una especial indignación, ya que muchas de las casas de los colombianos fueron marcadas con una «D» o una «R» antes de ser derribadas.

Ahora se abre una nueva esperanza de que la situación se normalice y la frontera vuelva a ser de nuevo una mera línea en el mapa.