Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y víctimas de la violencia en el país en los últimos años entregaron una comunicación al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, y a los alcaldes de Baruta, Gerardo Blyde, y de Sucre, Carlos Ocaríz, en donde los exhortan a adoptar las medidas necesarias y adecuadas para prevenir nuevos hechos de violencia política, con motivo de la movilización convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para mañana 1 de septiembre.

La presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), Eugenia Russian, precisó que la comunicación, entregada el pasado lunes 29 de agosto, está suscrita por la Asociación de Víctimas del Caracazo de 1989, la Asociación de Víctimas del golpe de Estado del 2002, el Comité Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, la Fundación de Familiares Víctimas del Sicariato Campesino y la Comisión por la Justicia y la Verdad, y otras.

En dicha comunicación, indicó, solicitan aplicar las medidas pertinentes para proteger la vida, la integridad personal y la salud de las personas ante hechos de violencia que puedan generarse, especialmente por “el uso de las armas de fuego, bombas incendiarias, explosivos y trampas mortales por parte de sectores civiles violentos que convocan e intervienen en esas acciones políticas”.

Indicó que también solicitan que sean adoptadas medidas a fin de asegurar la libre circulación de la ciudadanía y vehículos ante posibles obstrucciones de las vías de comunicación.

Russian ofreció su declaración en rueda de prensa junto a los representantes de las mencionadas organizaciones de defensa de derechos humanos, durante la cual expresó que la oposición debe proteger todas las instituciones públicas y privadas ante posibles ataques de sectores civiles violentos.

Recordó que el incumplimiento de estas medidas preventivas implica responsabilidades penales por la omisión en el ejercicio de sus competencias. También exhortaron a las citadas autoridades a emitir un pronunciamiento público rechazando cualquier forma de violencia y terrorismo que pueda desarrollarse en el transcurso de la movilización del 1 de septiembre, “tal como sucedió en el golpe de Estado de 2002 y en las guarimbas de los años 2013 y 2014”, según reseña de Correo del Orinoco.

CACTUS24 (31-08-16)