La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió hoy la liberación del periodista venezolano Braulio Jatar, editor jefe del portal web Reporte Confidencial, detenido y acusado de presunta legitimación de capitales.

Jatar fue detenido en la isla Margarita el sábado pasado, un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, realizara un recorrido por la comunidad de Villa Rosa, en esa isla, donde decenas de personas le increparan y dieron una cacerolada en protesta por su presencia.

Jatar, de 58 años, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y acusado del delito de «legitimación de capitales», que conlleva penas de entre 10 y 15 años de prisión.

La acusación se fundamenta en el hallazgo en su vehículo de un maletín con 25.000 dólares y 19.000 bolívares (unos 1.900 dólares).

Sin embargo, la familia del periodista denunció que el arresto es en represalia y un acto de intimidación a Jatar por difundir información y videos en Reporte Confidencial sobre el cacerolazo del viernes pasado contra Maduro.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, pidió a las autoridades venezolanas garantías a su seguridad física, al tiempo que exigió que «se cumpla con el principio constitucional de respeto a la libertad de prensa, la movilidad y actividad de los periodistas».

Jatar, que también es abogado, «negó a través de su letrado haber tenido el dinero en el momento de su detención». Su abogado calificó su arresto de emboscada y afirmó que el informe oficial indica que Jatar tenía intención de entregar ese dinero a «grupos de la oposición para desestabilizar la próxima Cumbre de los Países No Alineados», que tendrá lugar del 13 al 18 de septiembre en la isla Margarita.

La SIP también solicitó la liberación de Alejandro Puglia, periodista y director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional, detenido por el Sebin el pasado jueves por usar un dron para tomar fotografías de la protesta de ese día en Caracas e imputado por el delito de «favorecimiento bélico».

Pese a que el Ministerio Público solicitó su liberación, Puglia sigue detenido después de que una jueza lo acusara del delito de «favorecimiento bélico», sancionado en el Código Penal con entre cinco y 10 años de cárcel.

Si bien existía una prohibición administrativa para el manejo de un dron durante las protestas, la legislación actual no lo tipifica como delito, por lo que la situación de Puglia, según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), «queda a discrecionalidad del Gobierno venezolano».

Cactus24 (07/09/2016).