La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia exhortó al Ministerio Público a determinar las responsabilidades de los integrantes de la Asamblea Nacional ante «la objetiva materialización de conductas delictivas», tras el acuerdo del Poder Legislativo para designar un embajador especial ante la OEA.

El presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, señaló que la AN sigue incurriendo en desacato y la violación de la Carta Magna en sus artículos 137, 138 y 139, pues lo relativo a los actos de gobierno en política internacional corresponden al Presidente de la República.

«Es un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional», declaró máximo representante de la Sala Constitucional.

Además, Mendoza, señaló que el Parlamento “violenta” expresamente el artículo 236 de la Constitución, los numerales 4 y 15 “al pretender usurpar” las competencias del presidente de la República relacionados con los convenios internacionales, así como el nombramiento de los jefes de los cuerpos diplomáticos.

Corresponsal Caracas

Cactus24 (23/01/19)