Una Ventana a la Libertad, UVL, advierte que las protestas del pasado 30 de abril y 01 de mayo de 2019, dejaron un estimado de 215 casos de detenciones arbitrarias, entre los cuales al menos hay 15 adolescentes entre 14 y 17 años.

En nota de prensa, la organización afirma que debido al colapso en el sistema penitenciario en Venezuela, los presos comunes y, hasta los presos políticos como es el caso de los manifestantes, pueden durar hasta tres años en estos espacios en los que por lo general no hay agua potable, infraestructura carcelaria o iluminación adecuada, espacios para transitar y donde los reclusos deben hacer turnos de pie para poder gozar de unas horas de sueño en el suelo.

Una Ventana a la Libertad monitoreo 175 CDP durante el 2018, en 15 estados del país. Se pudo constatar un índice de hacinamiento global de 314% (16.719 personas detenidas en una capacidad instalada para 5.332).

Se registraron 305 muertes durante 2018. Entre esos casos, 57% fueron causados por motivos violentos (motines, riñas entre reclusos, enfrentamientos tras fugas…) y 38% por la tuberculosis. A título de comparación, en Francia mueren alrededor de 250 personas anualmente, por una población carcelaria cuatro veces mayor (70.000 reclusos en enero del 2019).

El suministro de elementos básicos para la supervivencia como alimentos, agua, medicinas y ropa están enteramente a cargo de los allegados de los reclusos. Todo esto agravado en el contexto de emergencia humanitaria actual, en el que la inseguridad alimentaria es altísima para todos los habitantes del país.

Este sistema “paralelo”, que funciona en los CDP, ha colocado a funcionarios policiales y militares (en menor medida) en situación de custodios penitenciarios de facto, sin contar con la preparación y la formación necesaria para garantizar la adecuada atención de las personas bajo custodia, lo que no solo representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de libertad, sino además para los funcionarios públicos quienes podrían incurrir fácilmente en infracciones por falta de formación y adiestramiento

En el estado Zulia (fronterizo con Colombia) fue donde se registró el mayor número de detenciones arbitrarias. Al menos 50 personas fueron arrestadas entre el 30 de abril y el 1ero de mayo, entre ellas cuatro menores de edad.

 Las condiciones de detención en esa región son particularmente duras, debido a que las fallas del sistema eléctrico son aún más pronunciadas que en el resto del país. “Durante los apagones generales, el recinto queda sin el servicio durante las horas que tarde para restablecer el servicio. No los someten a racionamientos programados (se les garantiza el servicio como si se tratara de un centro de salud). En mayo, los constates bajones ocasionaron que el sistema eléctrico del penal colapsara y se quemara parte del cableado y el transformador. Los internos estuvieron, se desconoce con exactitud la cantidad de días, sin energía eléctrica hasta que Corpoelec (empresa nacional de electricidad) sustituyó el cableado y el transformador quemado”[1], vale la pena acotar en este caso hablamos del CPD de Cabimas, en el que se encuentran más de mil seiscientos reclusos.

Félix Luporsi, Israel Augusto Villasana e Israel Antonio Villasana -dos estudiantes y un comerciante-, fueron detenidos cuando salían de cargar sus teléfonos celulares del local de un amigo en Castillito, Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Al parecer los uniformados al verlos con los brazaletes repartidos en la manifestación se los llevaron detenidos.

Ensañamiento particular hacia el personal de salud

El personal médico se encuentra particularmente amenazado actualmente en Venezuela. El “régimen” busca amedrentar a los profesionales de la salud para que no denuncien la grave crisis que atraviesa el sistema de salud nacional. También busca justificar los decesos, causados por falta de insumos básicos y medicinas, acusando a los profesionales de la salud de mala praxis.

Once médicos fueron detenidos arbitrariamente cuando participaban en las protestas. Los detenidos en el estado Zulia son: Nelson Reites, cardiólogo; César Perozo Wong, también cardiólogo; Sheyla Montero, Neiro Ferrer. Todos de la Unidad de Hemodiálisis.

En Carabobo detuvieron a Jean Pierre Lizárraga; ginecobstetra; Gabriel Ramírez, cirujano plástico; mientras que, en Aragua, los médicos aprehendidos fueron identificados como: Carmelo Gallardo, hematólogo jefe del servicio del hospital de Maracay y Gabriel Flores.

En Caracas fue detenido Jorge Carlos Favrin, traumatólogo y en Falcón a Ismael Rosillo, ginecobstetra.

Medios regionales destacaron que ya habían informado en febrero pasado que tenían registrado, desde el 13 de enero, cerca 45 casos de persecución, amenazas y amedrentamientos en contra de profesionales del área de la salud.

En esa oportunidad se detalló que el registro de persecución y amenazas lo tenían en los estados Táchira, donde cinco médicos fueron víctimas y un estudiante de Medicina detenido y posteriormente expulsado del proceso formativo; asimismo, destituyeron del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) a 12 enfermeras por protestar en Trujillo, Carabobo, Aragua y Caracas.

Por último, desde Una Ventana a la Libertad, exigimos a las autoridades competentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos detenidos en las protestas de los días 30 de abril y 1 de mayo, de acuerdo a lo establecido en la legislación internacional e internacional que rige la materia aunado a que estos ciudadanos detenidos no han cometido ningún tipo de delito sino han ejercido su legítimo derecho a protestar, debidamente establecido en el artículo  68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

NP Una Ventana a la Libertad

CACTUS24 07-05.19