El ex mandatario es acusado de usar su influencia política para «firmar contratos irregulares» de 240 millones de reales (hoy unos 60 millones de dólares) en beneficio del empresario Joao Lyra, con el que «mantiene relaciones políticas, de amistad y familiares», señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Según la querella, formulada por la fiscal general, Raquel Dodge, Collor, que ya fue anteriormente acusado por otros asuntos de corrupción, intercedió en 2010 para que BR Distribuidora, una filial de la petrolera estatal Petrobras, firmase contratos con la compañía Laginha Agro Industrial, propiedad de su amigo.

Ese año, Collor y Lyra eran afiliados al Partido Democrático Laborista (PDT) y concurrieron a los cargos de gobernador del estado de Alagoas y diputado federal, respectivamente.

En la denuncia, la Fiscalía destaca la existencia de pruebas a través de las cuales queda demostrado que los contratos rindieron al empresario unos beneficios millonarios, tuvieron una tramitación «atípica y excepcional» y se firmaron contra el reglamento vigente y a sabiendas de que la sociedad de éste último estaba «en crisis».

«Apenas el poder del senador Fernando Collor y su ejercicio sobre los funcionarios de BR Distribuidora justifican la superación de obstáculos insuperables para que fueran firmados contratos con la empresa Laginha Agro Industrial», señaló Dodge en la denuncia.

La denuncia contra Collor por peculado, que se refiere a delitos contra la administración pública, es la décima presentada por Dodge en el Supremo relacionada con la Operación Lava Jato, que investiga los millonarios desvíos ocurridos en Petrobras.

Ese escándalo de corrupción ha llevado a prisión a importantes empresarios y políticos desde 2014, entre ellos a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero; y Michel Temer, quien fue preso temporalmente hasta en dos ocasiones este año.