La jueza nacional Daniela Salazar analizó los argumentos presentados por los demandantes, la Defensoría del Pueblo ecuatoriano y ciudadanos, así como al canciller ecuatoriano, José Valencia, como responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Tras escuchar las intervenciones de las partes, la jueza Daniel Salazar concluyó la audiencia y dispuso cinco días para que las partes ingresen la documentación pertinente.

El canciller Valencia citó estadísticas de la ONU y señaló que actualmente residen en Ecuador 310.000 personas de nacionalidad venezolana, número que podría incrementarse a medio millón para finales de año, de acuerdo a un comunicado de la ONG local Inredh, que intervino en la audiencia.

El ministro sostuvo que los migrantes de ese país sí tienen la capacidad para obtener los documentos que solicitan las autoridades.

En la audiencia los demandantes presentaron dos videos testimoniales de venezolanos que aseguraron que el costo de apostillar el documento cuesta entre 100 y 200 dólares, más las dificultades para lograrlo y que evidenciaron -según la ONG- que los requisitos en lugar de frenar el flujo migratorio han puesto en peligro a los propios emigrantes.

Human Rights Watch (HRW) solicitó el mes pasado a Ecuador en relación a este caso, que proteja los derechos de los emigrantes venezolanos, en un escrito presentado ante la Corte Constitucional bajo la modalidad de «amicus curiae».