Millones de personas en las Américas huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países buscando protección.

Las personas refugiadas se encuentran sin otra opción que abandonar su mundo con la esperanza de hallar seguridad. Muchas de estas personas se encuentran con entornos hostiles, pero volver a casa podría poner en peligro sus vidas.

Los Estados de las Américas deben proteger a quienes lo necesitan y promover la adopción de una respuesta regional coherente.

En Sudamérica, Venezuela atraviesa un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos que ha obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país. La mayoría de los Estados americanos han denunciado abiertamente esa crisis de derechos humanos y, en general, mantienen una política de puertas abiertas.

Colombia ha recibido al mayor número de personas venezolanas (1,3 millones), mientras que Perú tiene la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas en todo el mundo (227.000 a marzo de 2019, de un total de más de 727.000 venezolanos y venezolanas en el país).

Pese a esta realidad dramática y al clamor político reiterado, algunos Estados han retrocedido en su obligación internacional de recibir y proteger a las personas refugiadas venezolanas. El 15 de junio de 2019, en violación de sus obligaciones internacionales, Perú comenzó a solicitar que las personas venezolanas un “visado humanitario” para poder ingresar al país.

Con otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional pidió a Perú que diera marcha atrás a esa decisión y siga recibiendo a quienes lleguen de Venezuela.

En el Caribe, Trinidad y Tobago, que ha recibido a aproximadamente 40.000 personas venezolanas, cerró recientemente un proceso de inscripción de dos semanas para permitir a esas personas obtener el derecho a residir en el país legalmente. Pese a la solicitud de

Amnistía Internacional, y pese a que solo alrededor de 14.000 personas participaron en ese proceso, las autoridades se negaron a ampliar el plazo de inscripción. En lugar de eso, decidieron volver a aplicar la legislación migratoria nacional y exigir visados a las personas venezolanas que lleguen al país.

El riesgo de deportación o de que se les impida el ingreso deja ahora a miles de personas procedentes de Venezuela abandonadas y necesitadas de protección internacional. En Centroamérica, un año después de la represión brutal de protestas masivas en Nicaragua, unas 62.000 personas han huido a países vecinos. La mayoría de ellas (alrededor de 55.000) han buscado asilo en la vecina Costa Rica. El gobierno de Costa Rica ha dado ejemplo a la región al permitir la entrada de nicaragüenses y brindarles la seguridad que se les niega en su propio país.

Persisten desafíos que incluyen problemas de acceso a la atención de salud, la educación y el empleo, y la comunidad internacional debe respaldar los esfuerzos de Costa Rica por recibir, proteger y apoyar a quienes huyen de la crisis de los derechos humanos en Nicaragua. De una forma similar, las personas que abandonan Honduras, Guatemala y El Salvador no lo hacen solamente por la pobreza y la desigualdad. En la mayoría de los casos, se ven obligadas a abandonar sus países para salvar sus vidas, ante la persecución y la violencia.

Desde 2018, miles de personas centroamericanas cambiaron su forma de abandonar sus países rumbo al norte: comenzaron a huir colectivamente, en lo que se conocen como “caravanas”. En los últimos años, México ha pasado a ser también un país de destino para esas personas. En 2017, Amnistía Internacional exhortó al gobierno mexicano a revisar sus prácticas migratorias para poner fin a las devoluciones y a las retenciones de niños y niñas. Pese a esos llamados, el gobierno mexicano reforzó la seguridad en su frontera sur y aceptó un acuerdo con Estados Unidos que obliga a quienes soliciten la condición de refugiado en Estados Unidos a esperar del lado mexicano de la frontera hasta que se acepten sus solicitudes.

La presión constante que Estados Unidos ejerce sobre México para impedir la llegada a la frontera estadounidense de personas migrantes y refugiadas ha derivado en detenciones masivas, centros de detención masificados y deportaciones masivas sin el debido proceso. Ahora hay, además, 6.000 efectivos de la Guardia Nacional mexicana que patrullan la frontera sur de México.

En Norteamérica, Amnistía Internacional ha demostrado que en la frontera mexicana se ha negado sistemáticamente el derecho a solicitar la condición de refugiado a personas que buscan seguridad y protección en Estados Unidos. Además, miles de personas refugiadas han quedado abandonadas a su suerte en Oriente Medio, como consecuencia de lo que se conoce como la “prohibición a personas musulmanas” del presidente Trump y otras políticas restrictivas en relación con personas refugiadas.

El gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas que incumplen la legislación estadounidense y el derecho internacional, sobre cuestiones que incluyen las separaciones familiares, las devoluciones ilegales masivas de solicitantes de la condición de refugiado en la frontera para enviarlas de regreso a México potencialmente poniendo en peligro sus vidas, y la retención arbitraria e indefinida de solicitantes de la condición de refugiado, sin concederles la libertad condicional, lo cual supone maltrato en casos de personas vulnerables como niños y niñas y miembros de la comunidad LGBTI. Además, Estados Unidos presiona a sus vecinos del sur para que controlen el avance de personas refugiadas y Amnistía Internacional – Declaración pública 2 www.amnesty.org/es/ migrantes. Amnistía Internacional insta a México y Guatemala a no firmar con Estados Unidos acuerdos sobre terceros países seguros.

Estos ejemplos destacan cómo, en las Américas, cuando millones de personas huyen de sus hogares y necesitan protección internacional, los Estados americanos incumplen su obligación de recibirlos de acuerdo con las normas internacionales sobre derechos humanos. Con esa actitud, esos Estados dan la espalda al legado americano de normas avanzadas y progresistas en relación con la movilidad humana, como la Declaración de Cartagena.

En el Día Mundial de los Refugiados, Amnistía Internacional exhorta a todos los Estados de las Américas a tomar medidas para garantizar los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Los Estados deben buscar soluciones al contexto actual y asegurarse de no dejar atrás a ninguna persona que necesite protección internacional. Es esencial que la cooperación humanitaria y al desarrollo contribuya activamente a apoyar a las comunidades de acogida.

Prensa Amnistía Internacional

Cactus24 (20-06-2019)