«Hemos podido alcanzar varios acuerdos (…) tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la comisión nacional de prevención de la tortura, así como para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país», dijo minutos antes de abandonar Venezuela.

La ex presidenta chilena celebró la liberación del diputado Gilber Caro, y de otros dos ciudadanos Melvin Farías y Junior Rojas, pero llamó a las autoridades a poner en libertad a todos los presos políticos.

Explicó que dos oficiales de la oficina de derechos humanos de la ONU se quedarán en Venezuela para «proveer asistencia y asesoría técnica» en esta materia, pero también para monitorear la situación.

«El gobierno también ha aceptado que mi equipo entre a los centros de detención para poder monitorear las condiciones» en las que se encuentran y hablar «confidencialmente con los privados de libertad», así como a permitir un acceso «más amplio a los distintos mecanismo de derechos humanos» incluidos los relatores de la ONU.

La ex presidenta chilena manifestó que espera que el gobierno de Maduro cumpla con su palabra, y de no ser así aseguró que lo informará.

Asimismo, expresó su deseo de que la asistencia de su equipo sirva para reforzar la «prevención de la tortura», y destacó que para ella fue «profundamente doloroso» escuchar a las víctimas de violación de derechos humanos o de la «violencia política por ser partidarios del régimen».

Aseguró que le «duele» la situación en Venezuela y que le preocupan las sanciones extranjeras impuestas al gobierno porque han «exacerbado» la «preexistente crisis económica».

«Mantener posiciones arraigadas solo agravará la crisis y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país», agregó.