Este martes, la Asamblea Nacional pidió a la delegación que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dejó instalada en Caracas, que verifique las condiciones de detención y la salud de los considerados «presos políticos» del país, luego de la muerte de un militar arrestado.

Tras un debate en el que fue condenada la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia y era investigado por conspiración, la mayoría opositora del Legislativo también pidió que «garanticen el acceso» a familiares y abogados defensores de los detenidos.

Asimismo, reiteró la petición a Bachelet de una investigación independiente e imparcial sobre la muerte y las supuestas torturas que habría sufrido el capitán durante su detención en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde el pasado 21 de junio.

Esa investigación, señala el acuerdo, debe incluir «la realización de un examen forense independiente».

En ese sentido, el ente pide la «aplicación del Protocolo de Estambul», un manual para la investigación efectiva y documentación de la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, «en virtud de que los ciudadanos detenidos» en la Dgcim «han sido víctimas de torturas».

El Parlamento además de hacer estas exigencias se mostró crítica con el pronunciamiento que hizo Bachelet sobre la muerte del capitán, pues algunos de los diputados, como Dennis Fernández, consideraron que debió ser «más fuerte».

Los diputados acordaron también pedir una visita «in loco» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reiterada «violación» de estas garantías fundamentales, y que la misma sea verificada «por el panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos».