La purga al interior del Ejército colombiano, que comenzó este martes con el retiro del servicio de un general, continuó hoy con la captura de 12 militares activos que al parecer están comprometidos en actos de corrupción.

«En cumplimiento de la política de cero tolerancia con la corrupción y gracias a labores de contrainteligencia fueron colocados a disposición de las autoridades 12 miembros activos de la institución que al parecer estarían comprometidos en actividades irregulares», informó el Ejército en un comunicado.

Según la fuente, las capturas se realizaron por «señalamientos del delito de falsificación de documentos e incumplimientos a los requisitos legales exigidos para el cambio de arma».

Dentro de los capturados hay un sargento viceprimero, siete sargentos segundos, dos cabos primeros y dos cabos segundos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La Fiscalía, que hizo parte del operativo, agregó que los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Puerto Asís (sur), Nilo (centro), Neiva (sur) y Bogotá.

Como parte de la investigación las autoridades establecieron que los denominados «cambios de arma» eran realizados entre oficiales y suboficiales a un precio que variaba entre los cuatro y cinco millones de pesos (entre 1.242 y 1.553 dólares).

Asimismo, se determinó que los uniformados implicados en este caso se beneficiaban mediante nombramientos ilícitos por actos administrativos falsos, en especialidades como inteligencia militar, logística, sanidad e ingenieros.

«Se presume que estos suboficiales con documentación falsa eran ubicados en justicia penal militar, acción integral, artillería, comunicaciones, fuerzas especiales, aviación y talento humano, entre otras especialidades», precisó la Fiscalía.

Los suboficiales serán presentados hoy ante un juez de garantías en Bogotá para su respectiva judicialización por los delitos de fraude procesal, acceso abusivo a un sistema informático, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.

El Gobierno colombiano salió ayer al paso de las denuncias de corrupción en el Ejército y ordenó el retiro del servicio de un general mientras dos más están en entredicho, en la primera acción de este tipo desde que asumió el poder el presidente Iván Duque.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó que se decidió «llamar a calificar servicios» al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos (unos 310.000 dólares).

El caso se conoció luego de una publicación que hizo la revista Semana el pasado 7 de julio, en la que explicó que el hecho ocurrió cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer con la complicidad de «otros altos oficiales a su cargo».

Otro de los investigados es el segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo, quien «ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le han sido concedidas», aclaró Botero.

En la publicación, Semana sostuvo que los subalternos de Fajardo denunciaron que cuando era el jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, entre 2016 y 2017, debían darle dinero del presupuesto de la institución para sus gastos personales.

Botero agregó que la decisión también abarca al jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, general Eduardo Quiroz, señalado de haberle ofrecido a la tropa recompensas para saber quiénes han filtrado información a la prensa relacionada con los casos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales.

Por ello, Quiroz «será trasladado a una dependencia del Ejército mientras se resuelve su situación, bien sea administrativa o bien disciplinaria, pero previa coordinación con el procurador general de la nación», que abrió investigaciones a los tres generales.

Cactus24 10-07-19