El Consejo de Estado de Cuba acordó indultar a 2.604 reclusos en cárceles de la isla, principalmente mujeres, jóvenes y ancianos, según informó este viernes el Gobierno en una nota oficial, sin revelar sus identidades o si entre ellos hay disidentes políticos.

«Para acordar esa decisión se evaluó el buen comportamiento de los condenados durante el cumplimiento de la pena, el tiempo extinguido de la sanción, así como las características y resultados de los hechos por los que fueron sancionados», indica el comunicado, publicado en las portadas de los principales diarios cubanos.

También se tuvo en cuenta la edad y las enfermedades crónicas de los presos indultados, que en todos los casos ya han cumplido, como mínimo, un tercio de la sanción impuesta por los tribunales de la isla.

No fueron considerados los sancionados por asesinato, violación, pederastia con violencia, homicidio, corrupción de menores y figuras agravadas del robo con violencia o intimidación en las personas.

Tampoco se incluyó a los presos por hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, delitos relacionados con las drogas y la sustracción de combustible, severamente castigados en el país caribeño.

Quedaron excluidos también los «reclusos reincidentes y multirreincidentes» y los que ya fueron beneficiados por un indulto y reingresaron a prisión con posterioridad, concluye el breve texto.

El Consejo de Estado cubano no especificó en su nota el plazo de las excarcelaciones.

En 2015, un total de 3.522 presos recibieron un indulto como «gesto humanitario» de cara a la visita del papa Francisco a la isla.

La noticia fue acogida entonces con «satisfacción» por los obispos cubanos, que reciben numerosas solicitudes de mediación de los propios sancionados y sus familiares.

Con las anteriores visitas papales, el Gobierno de la isla también excarceló a presos, a unos 200 con motivo de la de Juan Pablo II en 1998 y a otros 2.900 meses antes de la llegada de Benedicto XVI en marzo de 2012.

La Iglesia Católica entabló en 2010 un inédito diálogo con la Administración del entonces presidente Raúl Castro para mediar en la liberación de 126 presos políticos, un proceso que concluyó en 2011 y que incluyó a los últimos 52 del «Grupo de los 75», disidentes encarcelados durante la represión de la Primavera Negra de 2003.

El Gobierno cubano no reconoce a la disidencia interna al considerarlos «contrarrevolucionarios» o «mercenarios» al servicio de intereses extranjeros, niega que en las cárceles de la isla existan presos políticos y sostiene que se trata de delincuentes comunes.

En su informe más reciente, la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), la única organización opositora que analiza mensualmente la situación de la represión en la isla, contabilizaba en febrero pasado a más de cien presos políticos en todo el país.

Cactus24 19-07-19