Juan Guaidó afirmó este viernes que, tras diez días en huelga de hambre, «corre peligro» la vida del directivo de la Cámara Édgar Zambrano, quien permanece detenido desde inicios de mayo pasado acusado de apoyar un fallido levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante una asamblea con las comunidades del estado de Nueva Esparta (norte), Guaidó afirmó que «hoy corre peligro la vida» de Zambrano, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), quien inició la huelga de hambre hace 10 días para exigir a las autoridades judiciales «la liberación inmediata» de cuatro de sus colaboradores, apresados en el mismo procedimiento que lo llevó a la cárcel.

Guaidó resaltó que Zambrano «nunca ha debido estar secuestrado» y que inició la protesta por «un noble petitorio», que liberen a «los que secuestraron con él», a quienes consideró «presos políticos».

Según informó el jueves la parlamentaria Delsa Solórzano, el diputado Zambrano también reclama el acceso a sus abogados y visitas familiares.

«Nadie hace una protesta, una marcha, tranca una calle para morir ni por gusto. Al contrario, lo hace para vivir con dignidad», dijo Guaidó.

El líder del Parlamento, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, advirtió a sus seguidores que «van a venir días duros» y acotó que «no hay soluciones mágicas».

En cuanto a la inclusión de cuatro oficiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la lista de sancionados de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Guaidó apuntó que «las violaciones a los derechos humanos son delitos de lesa humanidad».

El parlamentario señaló que continúa su lucha por desalojar a Maduro del poder «en todos los terrenos», y dijo que es necesaria «la presión ciudadana, diplomática y mundial» para «superar esta crisis y atender la emergencia» de que padecen los venezolanos.

Guaidó manifestó que el informe sobre los derechos humanos que elaboró la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advierte que en casos de violaciones a derechos fundamentales la responsabilidad no solo recae en «el que ejecutó la orden» o «el que dio la orden», sino además en el funcionario que «no hizo nada para prevenirlo».