El bolívar aceleró el pasado lunes su caída frente al dólar, al alcanzar una tasa oficial de 9.830,94 por apenas una unidad de la divisa estadounidense, y por un monto aún mayor en el mercado paralelo, que rige la mayoría de las actividades comerciales del país en medio de la crisis.

El dato, indica el aumento de la tasa oficial en 17,51 % en comparación con el monto de 8.108,39 bolívares que se necesitaban el viernes para comprar un dólar estadounidense, según informó el Banco Central de Venezuela (BCV) en su sitio en Internet.

También confirma la cada vez mayor pérdida de poder del bolívar que, según establece la Constitución del país suramericano, es la única moneda de curso legal en Venezuela.

Con todo, Efe ha podido constatar que en medio de la crisis los pequeños comerciantes, los prestadores de servicios y los ahorristas han optado por efectuar sus cobros en dólares.

En Venezuela también es de curso legal el «Petro», un criptoactivo que tras una medida ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el instrumento, se transformó en certificado de ahorro y se acepta como forma de pago en algunos comercios.

La nueva tasa oficial deja, además, el salario mínimo legal venezolano en poco más de 4 dólares por mes, lo que condena a unos tres millones de empleados públicos -que lo perciben- a la miseria, según el umbral de ingresos de 1,25 dólares por día que establece Naciones Unidas.

En el país caribeño rige un control de cambios desde 2003, pero el Gobierno de Nicolás Maduro ha permitido su flexibilización en un intento de captar divisas para el erario público, mermado por la caída del bombeo de la industria petrolera, la principal fuente de ingresos del Estado.

En paralelo a la crisis económica, Venezuela atraviesa por tensión política desde que en enero pasado Maduro jurara un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.

En respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.