La aplicación de diversas sanciones al gobierno de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos ha sido un tema muy tratado en nuestro país, y no es fácil añadir algo nuevo a lo ya dicho muchas veces por muchas personas.

La humanidad, luego de la dolorosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial, creó, entre otras cosas, la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de contar con un recurso importante para preservar los derechos del ser humano, impidiendo y castigando su violación. Esto supone que mientras se garantiza la soberanía de cada país del mundo, la misma queda limitada por el respeto a la soberanía de los demás países, y por la vigencia de los derechos humanos en todas partes.

Con base en lo anterior, se resuelve que cualquier gobierno que viola los derechos humanos de su sociedad, como lo ha estado haciendo el gobierno de Venezuela, debe ser castigado, aparte del hecho de que cualquier país debe velar por el respeto de sus leyes o normas institucionales por parte de terceros países, como lo hace el gobierno de Estados Unidos con respecto al de Venezuela. Con base en lo anterior, se pueden reconocer como viables y justificadas institucionalmente las medidas o sanciones que el gobierno estadounidense ha aplicado con relación a Venezuela, muy especialmente las relacionadas con personas naturales que han cometido sus faltas mientras han ejercido funciones públicas dentro del gobierno venezolano, como por ejemplo las relacionadas con narcotráfico, encarcelamiento ilegal, torturas y otras, pero también las aplicadas al gobierno venezolano en su conjunto, como por ejemplo las relacionadas con la violación de derechos humanos condenada por el ordenamiento mundial, las cuales llegan hoy a la iniciativa de embargo a Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos.

Desde otro punto de vista, se debe reconocer que existen diferencias muy importantes entre unas sanciones contra personas naturales, las cuales solo afectan a éstas, y que deben aplicarse plenamente, y las sanciones al gobierno, específicamente las que afectan negativamente su  desempeño económico y  financiero, y por esa vía al desenvolvimiento general de Venezuela, afectando, entre otras cosas, el abastecimiento a la población venezolana de alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios.

Esto último muestra la complejidad de la situación relacionada con las sanciones al gobierno venezolano. Por un lado, se registra la exigencia institucional justificada del castigo, agregándose el efecto debilitador del gobierno venezolano en cuanto a su caída del poder, algo vital para la población venezolana. Por otro lado, se reconoce totalmente la necesidad del bienestar de la población, algo que es golpeado significativamente por las sanciones. Es imposible no reconocer las pérdidas de todo tipo que ha experimentado nuestra población, pérdidas de venezolanos que mueren y se marchan del país por causas relacionadas con las sanciones.  Es imposible no reconocer el valor y significado de la vida de un ser humano. Adicionalmente, debe registrarse que se conocen opiniones en el sentido de que es probable que sanciones como las referidas, incluyendo el embargo total, no llegan  a contribuir al cambio de gobierno necesario. Alguien pudiera recomendar una votación general para que los venezolanos decidieran su preferencia al respecto. Parece que la trágica situación que hemos vivido los venezolanos durante los últimos ya unos cuantos años, y también la idiosincrasia que se nos ha acumulado a lo largo de la historia, determinarían que la hipotética votación rechazaría las sanciones, y esto tiene que ser debidamente tomado en cuenta por cada venezolano.

En mi caso personal, le doy la importancia total y necesaria al castigo totalmente legal e institucional a las violaciones de toda clase cometidas por el bárbaro gobierno venezolano, cuya relación de atrocidades, dentro de la cual quizás destaque la subordinación colonialista y traidora respecto de Cuba y el enriquecimiento inmoral, a pesar de haber sido muy denunciada, difícilmente podrá ser debidamente identificada.  Por otro lado, siento el impacto religioso, ético, moral y humano relacionado con el bienestar de la población, y el hecho de que aún sin este tipo de castigos, se puede alcanzar la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela. Siento que encuentro procedentes ambas posiciones, las sanciones y su suspensión, pero la necesidad de apoyar solo una de ellas, me lleva a la conclusión de rechazar la aplicación de las penalizaciones. Estoy consciente de que las terribles condiciones de vida que hemos sufrido no se deben a estas medidas, sino que son anteriores a ellas y son consecuencia del pésimo e irresponsable desempeño del gobierno, y que su suspensión no garantiza la rectificación gubernamental, pero también acepto que su imposición agravaría prácticamente en forma irremediable, el cuadro dramático de nuestra población. Si a esto se agrega el rechazo a la intervención extranjera armada, se pregunta si es posible alguna otra acción alternativa para procurar el cambio de gobierno, y parece que la respuesta es incrementar y mantener definitivamente contra el gobierno, todo lo que sea necesario,  la presión expulsiva por parte de la población venezolana y de la comunidad internacional que en realidad lucha por la vigencia de los derechos humanos. Creo que todos aceptaríamos la suspensión de las sanciones contra el gobierno y la realización de una elección en la cual la sociedad venezolana decidiera su camino.

Concluyo añadiendo que considero imperativo que los venezolanos cumplamos la responsabilidad de cambiar nuestro patrón de comportamiento y nos volvamos como los de la independencia, o los de los años de 1958; para que seamos ciudadanos responsables de nuestro destino y logremos que los gobernantes nos presten el servicio que necesitamos, para que no sigamos siendo los seguidores tradicionales de intereses particulares, para que no terminemos víctimas de la desesperanza y la resignación, para que nos unamos para ser lo fuerte que necesitamos ser, y para que tengamos el liderazgo requerido, el cual no es el del “jefe”, el de la persona en el “cargo importante”, sino el de la o las personas que nos sirvan orientándonos e impulsándonos correctamente. Esta es nuestra responsabilidad, y la tenemos que cumplir.

Artículo de opinión: Economista Douglas Játem Villa 

CACTUS24 06-08-19