La no vigencia de los derechos inalienables del hombre, los cuales no son otorgados por alguna constitución sino por su condición irrenunciable de hombre, por la naturaleza humana que es la norma de moralidad, determina el escepticismo como una actitud vital. Esto es lo que produce el conjunto de anuncios hechos por la llamada nueva mesa de acuerdo entre el gobierno nacional y cuatro partidos políticos de oposición.

En efecto, lo anunciado no  constituye la concreción de esos derechos, la democracia, la libertad, la justicia, la igualdad, en fin de los valores establecidos en el Título I de nuestra Constitución. En términos concretos, lo anunciado no significa que los venezolanos recuperaremos en fecha cercana, por nuestra voluntad soberana manifestada a través del voto, la institucionalidad y legitimidad de la república, de la nación, del país.

A pesar del natural deseo de que se logre el acuerdo fructífero que se traduzca en esa institucionalidad, no se registra la indispensable disposición del gobierno a la realización del proceso electoral correspondiente. Los llamados acuerdos parciales, algunos de los cuales pueden ser positivos si se concretan, como la liberación de presos políticos o injustificados, no pueden sustituir el acuerdo global esencial, la realización del proceso electoral ya referido. Más aún, el acuerdo anunciado con relación a esta materia no agrega algo nuevo, dado que deja el asunto de los presos, como ha estado, en manos del sistema de justicia.

En materia electoral, se puede indicar con relación a la elección de un nuevo CNE, en fecha indefinida, que el acuerdo debió al menos establecer que ese nuevo ente sería producto fiel del artículo 296 de la Constitución Nacional. El significado concreto, positivo o negativo, de la incorporación de los parlamentarios oficialistas a la Asamblea Nacional dependerá de su comportamiento, algo que en principio puede esperarse obstaculizador. Esto debe complementarse con las incógnitas relativas a la vigencia o no del llamado desacato de la Asamblea Nacional, y también al comportamiento de la llamada asamblea constituyente.

Con relación a las medidas del gobierno estadounidense y otros que afectan a Venezuela, sobre las cuales solo se puede ejercer alguna influencia indirecta, se comparte el rechazo correspondiente, pero se considera que es necesario respaldar las sanciones que responden a delitos de diversa naturaleza, especialmente corrupción y narco tráfico, y que también se debe pedir que se cambie la política económica nacional, la principal causa del deterioro económico del país, la cual es responsabilidad única del gobierno nacional. Con relación a un programa respaldado por las Naciones Unidas de intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos e insumos, se observa que su aplicación tiene que respetar las normas internacionales al respecto y, sobre todo, la capacidad venezolana actual de producción de petróleo. Finalmente, se debe  respaldar el reclamo relativo al territorio Esequivo, pero se debe garantizar la corrección inmediata de la política y la ejecutoria del gobierno nacional al respecto.

Se reitera el deseo de un desenlace fructífero de esta nueva iniciativa, se acepta incluso la mejor intención por parte de los factores opositores, y se lamenta que se sigue registrando, entre los diversos sectores, la muy costosa falta de unidad en la oposición, la cual realmente generaría la fuerza requerida para derrotar al gobierno. Abierto a la equivocación, se lamenta concluir con que lo más probable es que se produzca el fracaso de esta negociación, la pérdida del tiempo correspondiente y, en este sentido, un resultado favorable al gobierno.

Artículo de Douglas Játem Villa

CACTUS24 17-09-19