Un contingente de 900 agentes de la Policía Nacional de Panamá fue desplegado en la cárcel La Joyita, donde el martes se registró un enfrentamiento entre reos armados con fusiles, pistolas y cuchillos que dejó al menos 15 muertos y 13 heridos.

La inspección se enmarca en la investigación para determinar cómo llegaron a La Joyita los fusiles AK-47, las pistolas semiautomáticas y los revólveres que se utilizaron en la matanza.

«Queremos tener seguridad de en qué momento entraron (las armas), cómo llegan hasta allí, y quiénes tuvieron participación en que llegaran este tipo de armas a los centros penitenciarios», afirmó Cortizo, quien asumió la Presidencia en julio pasado para el quinquenio 2019-2024.

Sobre las denuncias de que las autoridades policiales y carcelarias son cómplices en el tráfico de armas en los penales, el gobernante afirmó que «por supuesto que tiene haber complicidad, y eso es algo que tenemos que resolver y lo vamos a hacer de la forma correcta».

La Joyita alberga a 3.733 reos y forma parte de un complejo carcelario que incluye a la prisión La Joya, con 2.995 reclusos, según cifras oficiales y que se ubica en la periferia de la capital panameña.

La matanza del pasado martes se registró en el pabellón 14 de La Joyita y las versiones que manejan las autoridades es que fue un enfrentamiento entre los miembros de una misma pandilla, la «Bagdad», por la pugna del poder en esa estructura, considera una de las más poderosas del país y vinculada con el tráfico de drogas y el sicariato.

Los informes forenses confirmaron que los muertos y heridos presentan perforaciones de armas de fuego y cortes de cuchillos y objetos punzopenetrantes.

La reyerta desnudó el tráfico de armas que hay en el sistema carcelario panameño, constituido por una veintena de prisiones, en algunas de las cuales la sobrepoblación supera ampliamente el 100 %.

El sociólogo y experto criminólogo panameño Fernando Murray, dijo a Efe que el ingreso de armas a los penales panameños «es algo de vieja data, que se va incrementando con los niveles de corrupción en los estamentos de seguridad».