Al menos 107 defensores de derechos humanos murieron asesinados en Colombia durante 2019, y en los primeros 13 días de 2020 ya han muerto otros 10, denunció hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al Gobierno colombiano medidas para atajar estas cifras.

«Reiteramos nuestro llamamiento al Gobierno colombiano para que aumente los esfuerzos y prevenga los ataques a personas que defienden los derechos fundamentales, investigue todos y cada uno de los casos y juzgue a los responsables de la violencia y sus instigadores», destacó la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

La oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet verifica otros 13 posibles casos de asesinatos a activistas el pasado año que, de confirmarse, podrían aumentar el número total de casos a 120, por encima de los 115 registrados en 2018.

La portavoz señaló en rueda de prensa que si bien las cifras no son comparables a las que había antes de la firma de los acuerdos de la paz de La Habana, hay un preocupante aumento de los asesinatos a activistas en los últimos cuatro años, con 61 casos en 2016, 84 en 2017 y más de un centenar tanto en 2018 como en 2019.

Los autores de estos ataques son de diversos orígenes, señaló Hurtado, aunque destacó que muchos de ellos son grupos armados y bandas criminales, algunas de ellas vinculadas al narcotráfico, que han ocupado territorios donde antes operaron guerrillas como las FARC.

«La inmensa mayoría de los asesinatos ocurrieron en áreas rurales, casi todas en pueblos donde se realizan actividades económicas ilegales y operan bandas criminales o grupos armados», detalló, y añadió que es frecuente que se trate de zonas con niveles de pobreza superiores a la media nacional.

Los asesinatos se produjeron en 25 de las 33 divisiones administrativas de país, aunque más de la mitad se concentraron en cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá).

El colectivo de activistas de derechos humanos más atacado fue el de defensores de pueblos indígenas y de la comunidad afrocolombiana, matizó la portavoz.

Entre los factores que propiciaron la violencia, Hurtado citó «las continuas dificultades para aplicar los Acuerdos de Paz, especialmente el desmantelamiento de grupos paramilitares», así como los conflictos a la hora de restituir tierras o llevar a cabo programas de sustitución de cultivos ilícitos.

La oficina pidió también a las autoridades colombianas que «incrementen la presencia de autoridades estatales en áreas rurales y provean de servicios básicos tales como salud y educación», aludiendo a que la desigualdad social es una de las raíces de la violencia en Colombia. 

Cactus24 14-01-20