La investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos por tropas de EEUU en la guerra de Afganistán, autorizada hoy, abre la puerta a que se emitan órdenes de arresto internacionales contra altos funcionarios de Washington y miembros de la CIA.

El sumario de la Fiscalía no pone nombre a los sospechosos, pero indica que «miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos cometieron los crímenes de guerra de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual» desde el 1 de mayo de 2013 en Afganistán.

La decisión de los jueces autoriza a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, a mandar a sus propios investigadores al país asiático, entrevistar a víctimas del conflicto armado y recopilar evidencias.

Estados Unidos ya ha adelantado que no cooperará con el tribunal, pero en caso de que alguno de sus altos funcionarios reciba una orden de arresto y viaje a uno de los 123 Estados Parte de la CPI, las autoridades tendrían obligación de detenerlo y enviarlo a La Haya.

Las sospechas no se limitan a las tropas estadounidenses, pues los grupos talibanes y las autoridades afganas también están en el punto de mira de la Fiscalía por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Bensouda pidió abrir la investigación hace más de dos años, pero una sala de cuestiones preliminares la denegó en abril de 2019 argumentando que «no serviría a los intereses de la Justicia» por sus «pocas perspectivas de éxito», en alusión a la anunciada falta de cooperación de Washington.

Una sala de apelaciones, compuesta por cinco magistrados, rechazó este jueves ese razonamiento de forma unánime. Su juez presidente, Piotr Hofmanski, lanzó una dura crítica a la sala de cuestiones preliminares y remarcó que su único papel era analizar si había una base fáctica razonable para proceder con la investigación y si la CPI tendría jurisdicción sobre los eventuales casos.

Ambos requisitos se cumplen, dijo Hofmanski, por lo que no hay razones para limitar la investigación de la Fiscalía, concluyó en la lectura de la sentencia.

El inicio de las pesquisas fue celebrado por la abogada Nada Kiswanson, que representa a 82 víctimas afganas. «Hoy es un día muy importante. La sala de apelaciones ha restituido la fe en la CPI y en los procesos penales», dijo a Efe la letrada, quien alegó durante el recurso de apelación que sus clientes no han tenido acceso a la justicia en su propio país.

No obstante, Kiswanson se mostró cauta ante la perspectiva de ver en un futuro cercano a sospechosos de crímenes de guerra juzgados en La Haya. «Sabemos por experiencias pasadas que la Fiscalía necesita tiempo para sus propias investigaciones», avisó.

Amnistía Internacional por su parte calificó la decisión como «histórica» y dijo en un comunicado que será «profundamente impopular» en «Estados poderosos que intentaron intimidar a la corte».

Estados Unidos amenazó, en septiembre de 2018, con sanciones económicas al personal del tribunal y anunció que usaría cualquier medio a su alcance para proteger a sus soldados de la investigación.

Las pesquisas de la CPI no se limitarán geográficamente a Afganistán, pues el sumario de la Fiscalía apunta a la comisión de crímenes de guerra en Polonia, Rumanía y Lituania, países que albergaron centros secretos de la CIA entre 2003 y 2004.

Bensouda maneja evidencias de supuestas torturas contra 24 prisioneros detenidos en Afganistán que pasaron por esos centros y sufrieron «técnicas mejoradas de interrogatorio», según consta en informes desclasificados de la CIA publicados por el Senado de Estados Unidos.

Los países europeos han sido hasta ahora los principales defensores de la CPI, aunque está por ver si Polonia, Rumanía y Lituania cooperarán con el tribunal cuando la Fiscalía les solicite información.

Cactus24 05-03-20