Algunos miembros de la Policía Nacional de Colombia usaron fuerza excesiva contra los manifestantes que participaron en las protestas del año pasado, incluidas golpizas y detenciones, dijo el martes Human Rights Watch (HRW) en momentos en que sindicatos y estudiantes preparan nuevas marchas para finales de este mes.

Desde el 21 de noviembre de 2019 y hasta mediados de diciembre, miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, así como contra los asesinatos de activistas de derechos humanos.

Aunque el Gobierno de Duque se ha reunido con los organizadores de las protestas aún no ha logrado un acuerdo sobre una amplia serie de demandas y sostiene que algunas son difíciles de cumplir, mientras los sindicatos y organizaciones estudiantes preparan una nueva huelga nacional para el 25 de marzo.

«Algunos manifestantes cometieron actos de violencia, incluyendo agresiones con piedras a policías, saqueos y quema de bienes públicos y privados, sobre todo en Bogotá y Cali. En varios casos, la policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y uso indebido de armas menos letales», dijo HRW.

«Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes», dijo en el informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

«Es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la fuerza pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados», agregó.

Un reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se refirió a excesos durante las protestas y sugirió al Gobierno poner a la Policía Nacional bajo el mando del Ministerio del Interior y retirarla del Ministerio de Defensa, lo que Duque calificó como una «intromisión».

El informe de HRW se refirió a la muerte del joven Dilan Cruz, herido en la cabeza por un proyectil disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios en instantes en que participaba en una protesta en el centro de Bogotá.

Aunque la Procuraduría General solicitó a la policía retirar la escopeta calibre 12 que causó la muerte al joven, HRW dijo que el director de la institución armada, general Óscar Atehortúa, les aseguró a finales de enero que continuaban usando el arma.

La policía no respondió de inmediato el informe, pero el Ministerio de Defensa aseguró después de la muerte de Cruz que 105 países del mundo tienen escuadrones antidisturbios y que las armas que usa la Policía de Colombia para controlar las protestas tienen el aval de Naciones Unidas.

Aunque las manifestaciones fueron en gran parte pacíficas, más de 300 policías resultaron heridos y ciudades como Bogotá y Cali decretaron el primer toque de queda en décadas para reducir el saqueo aislado y la destrucción generalizada de las estaciones de transporte público.

Durante las protestas, Colombia expulsó a 61 extranjeros, 60 venezolanos y un peruano, a quienes acusaron de participar en actividades que comprometen el orden y la seguridad nacional.

Cactus24 10-03-20