La oposición parlamentaria venezolana instó este viernes a los gobiernos del mundo a que cataloguen al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de «terrorista» por su relación con Irán.

La petición la hizo la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), de clara mayoría opositora pero cuyo funcionamiento está en entredicho por la división causada desde la elección de un presidente apoyado por la bancada chavista y reconocido por el Supremo y otro, el opositor Juan Guaidó, aceptado por buena parte de la comunidad internacional.

La solicitud, según recoge un acuerdo publicado por la AN y su composición mayoritaria, se basa en «que en el año 2007 fueron entregados 15.000 fusiles» al Frente Francisco de Miranda y, en 2019, 321.000 fusiles a los Círculos Bolivarianos, organizaciones que son afines al chavismo pero no parte del PSUV.

La comisión denunció que el apoyo de Irán «con armas a grupos terroristas y extremistas en Venezuela» es una violación de la resolución 2231 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la cuestión nuclear del país persa.

Dicha resolución procede de un pacto firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), que quedó validado por el Consejo de la ONU y que estipula la restricción sobre las ventas de armas convencionales al país persa pero que expira el próximo mes de octubre.

EE.UU. abandonó el acuerdo nuclear el 8 de mayo de 2018 y, justo un año más tarde, Irán anunció que comenzaba a reducir gradualmente el cumplimiento de sus compromisos para forzar al resto de firmantes del pacto a contrarrestar las sanciones impuestas por Washington.

Con ese contexto, la comisión parlamentaria expresó que la relación de Nicolás Maduro e Irán no es económica, sino «una alianza de dos regímenes que son patrocinadores del terrorismo».

Esta semana, fruto de un acuerdo comercial entre el Gobierno de Maduro y el iraní, llegó a Venezuela una flota comercial persa con gasolina y otros materiales que serán utilizados por la petrolera estatal Pdvsa para revertir la escasez de combustible.

En la denuncia de la comisión, también rechazan la llegada de 15 vuelos de la aerolínea privada iraní Mahan Air a Venezuela al alegar que es una compañía «sancionada en 2011 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por traficar con armas».

Según su denuncia, en esos vuelos llegó personal civil y militar de Irán.

Sobre el país asiático, el comunicado dice que busca «convertir a América Latina en un terreno fértil para el terrorismo, la desestabilización y el crimen trasnacional».