Un grupo  de abogados zulianos, encabezados por el doctor Simón Arrieta, introdujo, el 10 de junio de 2020, un recurso de amparo constitucional contra el gobierno regional ante el Tribunal Tercero de Control  del Circuito Judicial del estado Zulia, a cargo de la Kathiusca Pérez, quien ordenó la remisión de esa solicitud al Tribunal Supremo de Justicia.

Arrieta explica que se decidió interponer la acción de amparo tras las  amenazas públicas del gobierno regional, en la figura de Omar Prieto, de encarcelar a todo aquel  que se encontrara circulando después de las 12.00 del mediodía. “Se sancionaría con una medida de arresto por 24 horas a quien estuviese en la calle y el que ingresara al país violando los controles sanitarios o de aduana iba a ser recluido por 40 días”.

Ante las declaraciones del gobernador, unos 200 abogados se reunieron y partiendo de las garantías y los derechos que se encuentran desarrollados en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decidieron redactar el documento e iniciar la acción legal.

“Estimamos de acuerdo a la constitución que eso es una grotesca amenaza a la libertad personal y por ende se está abrogando funciones que son competencia exclusiva del juez penal y del poder legislativo. El juez penal solamente  puede privar de libertad a una persona previo cumplimiento del debido proceso de la interposición de una acusación fiscal, por un acto que determinado en la ley como un delito. Esa función de establecer delitos y penas le compete exclusivamente al poder legislativo y no al gobernador del estado”, puntualizó el jurista.

El pasado 25 de junio, el tribunal dio a conocer su decisión. “No se atrevió a declarar inadmisible o improcedente la acción de amparo constitucional, porque cumplía con todos los parámetros establecidos en la ley. Si no que aplicando el procedimiento que está previsto para el antejuicio de mérito contra altos funcionarios públicos, ordenó la remisión de esa solicitud al Tribunal Supremo de Justicia. Cuestión que nos parece un completo desacierto”, expuso Arrieta.

El abogado considera que “la dra. Pérez no solo desconoce el derecho penal y  si no el procedimiento de amparo. Trató establecer un híbrido desconociendo los fundamentos del orden constitucional y la ley orgánica de amparo constitucional y aplicó supletoriamente el código orgánico procesal penal, asumiendo que era una solicitud de antejuicio de mérito contra el gobernador del estado. Pero lo nuestro fue una pretensión de amparo constitucional donde denunciamos que el agraviante era el gobernador y denunciamos cuáles eran las garantías bajo amenaza, como lo fue la libertad personal”.

Arrieta considera que la iniciativa debió nacer de la Defensoría del Pueblo o de los fiscales. Pero en vista de la apatía institucional, ellos procedieron. “Independientemente del resultado, lo consideramos una victoria y nos da pie a nuevas acciones. Todos los días se comenten arbitrariedades contra los derechos de los ciudadanos y ya es el momento de enervar los efectos de esos desafueros”.

CACTUS24 28-06-20