Familiares de Johel Antonio Castro, de 26 años de edad, viajaron desde Barlovento en el estado Miranda hasta el estado Guárico para obtener más información sobre la salud del joven que permanecía recluido en la cárcel 26 de Julio desde hace siete años. 

Trascendió que los deudos recibieron una llamada telefónica en la que les informaron que Johel Antonio estaba convaleciente. Presas de la desesperación y conscientes de la desidia que azota a la población penitenciaria, lograron trasladarse hasta el penal a pesar de la cuarentena obligatoria que rige en todo el territorio nacional. 

Lamentablemente Johel Antonio falleció a las 4:00 de la mañana de este sábado 5 de septiembre a causa de presunta tuberculosis y se convirtió en una víctima más de la precaria situación a la que sobreviven los presos venezolanos y que ha sido denunciada por esta organización en un sinfín de oportunidades. 

Los familiares del recluso fallecido, quienes prefirieron no aportar datos sobre su identidad, relataron que el domingo 30 de agosto fueron contactados por los compañeros de celda del joven, quienes les aseguraron que estaba muy enfermo con fiebre, vomitaba sangre y ya no podía caminar. 

Una vez que lograron trasladarse el martes 1 de septiembre, fueron recibidos en las puertas del penal por un funcionario que les indicó que Johel Antonio estaba en perfectas condiciones y que era atendido en el área de enfermería, pero no les brindó mayores detalles sobre la enfermedad que padecía. En tanto, los familiares aseguraron que el director se negó a atenderlos. 

De igual manera, los deudos clamaron por la ayuda de un abogado público que fue asignado a su caso para solicitar una orden de traslado hasta un centro asistencial, pero este nunca les dio una respuesta. 

Al mismo tiempo y tras su insistencia, en el penal les aseguraron que este 4 de septiembre le harían la prueba para detectar tuberculosis, pero esto nunca sucedió y una de las excusas fue que no tenían cómo trasladarse. 

“Ahora sí nos respondieron en el penal para confirmar que estaba muerto, cuando ya es demasiado tarde. Mi familiar murió de mengua”, dijo uno de los afligidos parientes, quien agregó que los funcionarios del penal tampoco se comunicaron con ellos para informarles sobre el fallecimiento de Johel Antonio y una vez más recibieron la noticia por parte de otros reclusos.

Hasta la 1:00 de la tarde de este 5 de septiembre el cadáver del joven permanecía dentro de la cárcel 26 de Julio porque funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no habían efectuado el levantamiento, lo que se traduce a nueve horas dentro de las instalaciones del centro penitenciario.

Carolina Girón, directora del OVP, explicó que Johel Antonio también fue víctima del retardo procesal porque tenía siete años recluido y desde el 18 de agosto del 2018 esperaba ser trasladado hasta los tribunales para iniciar el juicio. Nunca lo hicieron bajo el alegato de que no había vehículos. 

Asimismo, exigió a las autoridades penitenciarias que ayuden a esta familia con el traslado de su ser querido hasta el estado Miranda, ya que no tienen recursos para hacerlo, considerando además que desde el momento de su detención Johel Antonio se encontraba bajo la responsabilidad del Estado. 

La abogada y defensora de derechos humanos puntualizó que al equipo del OVP llegó una denuncia en la que aseguran que hace semanas llegaron toneladas de alimentos al penal, en especial productos cárnicos, pero los presos del 26 de Julio continúan sufriendo por hambre, por lo que solicitó una investigación oportuna, exhaustiva y veraz por parte de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. 

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones