“La administración de Maduro amenaza a Juan Guaidó y a los demás diputados de la oposición con acusarlos de un delito de usurpación de funciones a partir del 5 de enero”, advierte Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, la más importante ONG venezolana de defensa de los derechos humanos. En esa fecha acabará su mandato la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, elegida en 2015; y se constituirá el nuevo parlamento salido de las elecciones del pasado 6 de diciembre.

Guaidó ya ha anunciado su propósito de seguir ejerciendo como presidente de la Asamblea hasta que se celebran unas elecciones con garantías democráticas y los socios de la UE deben decidir antes de esa fecha si le mantienen su reconocimiento institucional o lo degradan a la condición de líder opositor. Romero rechaza entrar en los aspectos políticos de la decisión, pero advierte de las consecuencias jurídicas. “Si Europa retira su respaldo [legal] a los diputados de la Asamblea será un golpe muy duro, los dejará sin protección frente al régimen”, advierte. Aunque teóricamente los parlamentarios gozan aún de inviolabilidad, muchos han sido detenidos o se han tenido que exiliar y refugiar en embajadas extranjeras en estos años.

Los 110 indultos concedidos el pasado 31 de agosto por Maduro, para preparar el terreno de las elecciones legislativas, se tradujeron en la salida de prisión de 53 presos políticos, ya que la mayoría estaba en libertad, pero todavía quedan 351 entre rejas (entre ellos, 13 indígenas de la etnia Pemón), explica Romero, cuya organización lleva un registro actualizado de detenciones y liberaciones. El más popular de todos es el periodista Rafael Carreño, mano derecha del dirigente Leopoldo López, exiliado en España tras pasar 18 meses en la Embajada de España en Caracas. Aunque lleva dos meses detenido, Carreño no ha tenido todavía audiencia preliminar, la primera comparecencia ante el juez, al igual que el 90% de los presos políticos en Venezuela, lo que les deja en una absoluta indefensión, según Romero.

Un caso aparte son los militares: ninguno de los 126 que están presos (más de un tercio del total) fueron indultados en agosto. El Gobierno los utiliza como escarmiento para disuadir cualquier veleidad crítica entre los uniformados y solo salen a la calle cuando cumplen condena. O ni siquiera entonces, como es el caso del teniente coronel de Aviación Ruperto Sánchez.

Romero se muestra muy cauto al enjuiciar el papel del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. “No puedo oponerme a que alguien consiga liberar a una o dos personas. Cualquier liberación es siempre bienvenida. Pero hay que ser consciente de que el Gobierno utiliza a los presos como fichas para obtener beneficios en el tablero internacional. Las cárceles tienen puertas giratorias. Cuando uno sale, otro entra”.

Dos abogados de los casi 500 que colaboran con Foro Penal están acreditados ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde se tramita una denuncia contra  Maduro. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, estimó en noviembre que hay indicios razonables de crímenes de lesa humanidad. En el primer semestre de 2021, el tribunal debe concluir el examen preliminar de la demanda y, si la admite, abrirá formalmente la investigación.

El proceso puede ser largo, pero se sumará a otras iniciativas internacionales, como la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; o la tarea que desarrolla la Oficina de la Alta Comisionada, Michel Bachelet, que ponen al régimen venezolano bajo la lupa internacional.

Cuando Chávez murió, en 2013, en Venezuela había 11 presos políticos; en el primer año de Maduro superaron los 300, constata Romero. Desde entonces se han producido casi 16.000 detenciones por motivos políticos. La represión ha pasado de ser un instrumento más para apuntalar al régimen a su columna vertebral. (Información de El País de España)

Cactus24/28-12-2020