El 5 de enero sonó el teléfono de una vivienda en Altagracia de Orituco, estado Guárico. Al otro lado habló un detenido del Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, quien era el portavoz de una mala noticia: Delfín Requena, de 33 años de edad, había fallecido el 3 de enero, y sus familiares tendrían que viajar para reclamar el cuerpo.

La familia impactada por la noticia no sabía qué había ocurrido y al momento tampoco podían trasladarse porque son de escasos recursos, pero reunieron dinero como pudieron y esperaron la semana de flexibilización por la cuarentena obligatoria. Fue el lunes 11 de enero cuando lograron trasladarse hasta San Juan de Los Morros y, al llegar a la morgue del Hospital, les indicaron que debían entrar a reconocer el cuerpo.

Allí estaban ocho cadáveres, todos privados de libertad del 26 de Julio. “Todos eran iguales, sus piernas muy delgadas, los brazos, solo eran huesos cubiertos de piel”, recordaron los familiares de Delfín.

Finalmente lo pudieron reconocer, aunque estaba irreconocible por su agravado estado de salud. “Debe pesar como 40 kilos mi muchacho. Allí en la morgue supimos que el cadáver de Delfín fue el primero en ser ingresado, pero después fueron llegando más”, relataron los familiares de la víctima al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La información que les dieron mientras hacían el papeleo es que Delfín falleció a causa de una desnutrición severa. El hombre, cuya familia no lo había visitado desde el inicio de la pandemia por la falta de transporte, tenía seis años tras las rejas y le faltaban dos meses para salir en libertad.

Los familiares también indicaron al OVP que anteriormente el hoy occiso les había comentado que la comida del penal no era buena, además siempre le llevaban alimentos pero eran pocos los que llegaban a sus manos.

Asimismo, aseguraron que esta situación no ha cambiado porque el día que fueron al penal para buscar algunos papeles para el retiro del cadáver, observaron cómo varias madres estaban en la puerta de la cárcel y no les querían recibir la comida.

“Uno pierde el esfuerzo, el viaje y hasta los alimentos, eso es jugar con todo el sacrificio que hace uno para poder llevar un bocado a esas criaturas que aunque han cometido un error no merecen todo el terror que allí están viviendo”, expresaron los parientes de otros presos de ese centro de reclusión, quienes se encuentran sumamente preocupados por la situación a la que sobreviven.

Exigen 120 litros de gasolina

Los familiares de Delfín Requena sienten un dolor tan grande porque no podrán enterrar a su ser querido en su tierra natal. El traslado para Altagracia de Orituco es muy costoso y no cuentan con los recursos para costearlo.

Para el traslado le exigen la compra de 120 litros de gasolina para el coche funerario, que puede ser el equivalente a 240 dólares (2 dólares por litro). Además deben cancelar 50 dólares para el pago de la urna, sin sumar la fosa y el cemento.

Por este motivo la familia estaba pensando en dejar el cadáver en San Juan de Los Morros, la única opción era que fuese enterrado junto a los otros siete cadáveres que no habían sido reconocidos por sus familiares en una fosa común.

El Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio es una de las cárceles con mayor registro de fallecidos durante el 2020 por condiciones de salud. Durante todo el año OVP recibió constantes denuncias por la escasez de alimentos, que a su vez generó decesos por desnutrición, entre otras consecuencias, ante la mirada inerte del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones