Una Ventana a la Libertad, publicó su informe sobre las condiciones de salud en la que se encuentran los privados de libertad recluidos en los centros de detención preventiva ubicados en Distrito Capital y los estados Vargas, Miranda, Nueva Esparta y Zulia.

Dado el nivel de hacinamiento que se vive en estos espacios, y el deterioro estructural de estos lugares, las enfermedades infecto-contagiosas han aumentado de manera considerable, disparando así de manera alarmante y sostenida los casos de tuberculosis o paludismo.

“Los centros de detención preventiva son lugares que no cuentan con espacios adecuados, baños, agua potable, presupuesto para alimentación, consultorios médicos, ni transporte, por lo tanto, el hacinamiento hace estragos y acelera las enfermedades virales e infectocontagiosas”, explicó Carlos Nieto Palma, coordinador general de esta organización.

El documento, denominado “Privados de libertad de centros de detención preventiva de Distrito Capital, Miranda y Vargas padecen deterioro progresivo de garantías para el derecho a la salud”, revela los hallazgos encontrados entre mayo y octubre de 2020.

En el estado Zulia es donde se vive la situación más alarmante, de acuerdo con este informe entre octubre y noviembre del 2020 murieron al menos 77 privados de libertad, todas víctimas de enfermedades que no fueron tratadas por el Estado, encargado de velar por la salud de estas personas que se encuentran bajo su custodia.

En 48 de los casos la causa de la muerte fue por tuberculosis, seis por desnutrición, dos por complicaciones acarreadas tras ser diagnosticados con VIH y al no recibir tratamiento entraron en su fase aguda de la enfermedad que es el SIDA, a esto se le suman dos muertes por coronavirus y 19 por distintas causas, todas relacionadas con problemas de salud, entre los que se presentaron, infartos y paros respiratorios.

Sin embargo, Nieto Palma, explicó que el total de víctimas de la falta de atención médica dentro de los calabozos policiales podría ser aún mayor, esto «debido a que los familiares de los detenidos ya no pueden acudir a las visitas, por ende, estos no reciben alimentos ni medicinas».

Además, el panorama de los internos en los centros de detención preventiva del estado Zulia empeora con la presencia del virus del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del covid-19, y es que aunque esta patología no ha sido reconocida a plenitud por las autoridades regionales, Una Ventana a la Libertad, señala en su informe que existen al menos 21 reclusos aislados por tener esta enfermedad.

En el estado Zulia existen 29 centros de detención preventiva, estos tienen una capacidad para albergar a 980 hombres y mujeres por un lapso no mayor a 72 horas, sin embargo, esto no se cumple, y los ha vuelto escenarios propicios para el hacinamiento.

De acuerdo con esta organización los centros con mayor cantidad de internos enfermos son: el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas y el de San Carlos. En este lugar se ha registrado el mayor número de fallecimientos por tuberculosis.

En estos casos, «dos de los fallecidos fueron envueltos en sábanas viejas y colocados, por sus propios compañeros de celda, en plena calle. La drástica medida se lleva a cabo para que las autoridades hagan -el levantamiento- en el menor tiempo posible».

“Cada retén contaba, hasta hace un par de años, con un área de enfermería y la asignación, a través de la gubernamental Misión Barrio Adentro, de un médico y dos enfermeras. Los profesionales de la salud disminuyeron sus horas de trabajo y de permanencia en el lugar y luego desaparecieron”, indica el informe.

Hasta noviembre de 2020 los centros de detención preventiva de la entidad albergaban a 4.512 personas. La situación eleva el hacinamiento a la cifra de 460,41%.
La cuarentena hace de las suyas en los centros de detención

En su informe Una Ventana a la Libertad, explicó además el impacto causado en la salud de los internos las medidas de cuarentena aplicada desde marzo de 2020 tras el diagnostico de los primeros casos de covid-19 y en un intento por frenar la pandemia.

En medio de este escenario los familiares se vieron imposibilitados a suministrarle alimentos, agua, productos de aseo personal o incluso medicinas a los privados de libertad, lo que disparó «los casos de desnutrición severa».

Además, no se realizaron jornadas médicas que permitieran diagnosticar y tratar casos de VIH/SIDA, tuberculosis, malaria, escabiosis, paludismo y otras enfermedades infecto-contagiosas y virales.

La investigación realizada en los 26 centros de detención preventiva ubicados en el Distrito Capital revela, entre otras cosas, que 171 internos padecen de desnutrición severa, 150 tienen tuberculosis y uno está contagiado de VIH.

Una Ventana a la Libertad lamentó la inexistencia de cifras oficiales sobre casos de covid-19 y otras enfermedades como diabetes, escabiosis, abscesos cutáneos y que a la luz de esta dramática situación exista “un mercado negro” de medicamentos para la tuberculosis.

“Entre mayo y octubre de 2020, tres privados de libertad recluidos en comisarías policiales de Distrito Capital murieron de tuberculosis y uno murió electrocutado al intentar enchufar una cocina eléctrica», detallan en el informe.

“Los tres hombres que tenían tuberculosis también estaban desnutridos y uno de ellos presentó signos de haber sido golpeado”, explicó Carlos Nieto Palma.

Los centros de detención preventiva situados en la Caracas tienen capacidad para albergar 1.009 hombres y mujeres. Hasta noviembre la ONG contabilizó que en estos lugares había 3.072 privados de libertad, es decir, que el hacinamiento alcanza un 304% de hacinamiento.

En Miranda no hay atención médica

Los hallazgos encontrados en el estado Miranda no pueden ser más alarmantes: Ningún caso de enfermedad crónica, contagiosa o viral recibe tratamiento médico adecuado en esta entidad federal del país.

De acuerdo a la investigación realizada por Una Ventana a la Libertad, 162 internos padecen de desnutrición severa, 41 tienen tuberculosis, seis presentaron contagio de covid-19.

“Entre los meses de mayo y octubre de 2020, ocho privados de libertad murieron por causas relacionadas a tuberculosis, covid-19 y problemas coronarios”, reveló la investigación.

En el estado Miranda existen 30 centros de detención preventiva que tienen capacidad para albergar a 961 personas.

“Hasta noviembre de 2020 en estos retenes policiales habían 1.728 detenidos, esto se traduce en un hacinamiento del 120%”, dijo Nieto Palma.

“Para colmo los privados de libertad deben dormir unos encima de otros y conviven con las heces fecales y la orina que producen a diario”, destacó el abogado Carlos Nieto Palma.

Cactus24/26-01-2021