Habitantes de las comunidades José Félix Ribas y Doña Rosa de la cuidad de Coro, estado Falcón denunciaron un procedimiento de presuntos desalojos arbitrarios por parte del Ministerio de Hábitat y Vivienda con PoliFalcón, así lo afirmó Carmen Bracho activista de FundaRedes en esta zona costera.

Bracho dio a conocer con detalles la problemática que se presenta en el estado Falcón, en donde los habitantes de la comunidad José Félix Ribas afirmaron haber aportado dinero para las construcciones de sus viviendas y aun así fueron sacados a la fuerza de ellas.

Manifestó que en la urbanización Doña Rosa también se presentan desalojos arbitrarios, pero a diferencia de la primera, estas fueron asignadas por el Estado y no costeadas por sus adjudicatarios, no obstante tenían derecho al pleno disfrute de la infraestructura ya que les fueron entregadas legalmente para su ocupación a través de la denominada “Misión Vivienda”.

La vocera de FundaRedes precisó que en el año 2020 FundaRedes acompañó y realizó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo sobre una situación irregular de desalojos en la comunidad Los Taques en la Península de Paraguaná, igualmente sobre desalojos arbitrarios por parte del Ministerio contra familias a quienes se les adjudicaron sus viviendas, razón por la cual se evidencia un patrón de vulneración en contra de estos ciudadanos a quienes hoy el propio Estado deja sin techo, concluyó Carmen Bracho.

 Por su parte, el coordinador de FundaRedes en el estado Falcón, Omar García, calificó esta situación como una “vulneración al derecho a la vivienda, que finalmente no tiene ninguna justificación”.

También recordó que, los funcionarios del Ministerio de Hábitat y Vivienda ingresaron a las propiedades sin una orden legal, vulnerando el derecho a la privacidad de sus habitantes, y una vez concretado el desalojo arbitrario, soldaron las puertas de las casas para impedir el retorno de las víctimas.

Este procedimiento viciado que deja a  estas personas sin su lugar de residencia, fue documentado por FundaRedes como una vulneración de los derechos de las familias afectadas, ya que les quitan las viviendas que en algunos casos fueron pagadas por lo beneficiarios, y en otros fueron asignadas por el mismo Estado.

Con asesoría jurídica del equipo de FundaRedes, las víctimas elevarán la denuncia a los organismos competentes para exigir que se investigue ésta violación a los derechos fundamentales de estas comunidades.

(Prensa FundaRedes)

Cactus24/04-03-2021