De nada valieron los esfuerzos y las súplicas de Norka Hernández para tratar de salvar la vida de su padre José Humberto Hernández, quien asegura fue asesinado por funcionarios del Estado venezolano y sus precarias instituciones, quienes le negaron el derecho a la defensa, desestimaron la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e incluso la medida humanitaria expedida por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, la cual extrañamente se extravió al igual que el resto de su expediente.

Así lo corroboró este viernes Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante una rueda de prensa ofrecida junto a familiares de la víctima y organizada por la ONG Defiende Venezuela, junto a la cual se ha estado dando seguimiento a este caso, donde un ser humano pagó con su vida ante la injusticia del Estado venezolano.

“Este fue un asesinato planificado, porque hubo intención de que muriera de esa manera”, sentenció Girón, quien agregó que al igual que el señor José Humberto, 90% de la población penitenciaria del país está en riesgo de morir por la grave desnutrición que viven los privados de libertad en las cárceles venezolanas, que son presa fácil de cualquier enfermedad.

En este caso en específico todos los involucrados se conjugaron para que este hombre no recibiera la atención adecuada, de manera que son responsables desde el director de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, Ender Ávila, como los fiscales del Ministerio Público que conocieron de este caso como Julio César Acosta Martínez, fiscal 13 de Lara con competencia en Materia de Régimen Penitenciario; el Fiscal Superior del estado Lara, Beiker Pabón Gómez; la Defensora del Pueblo de la entidad, Arelis Rodríguez; la Jueza de Juicio 6 de Lara, Elena Maribel Párraga, quien llevaba el caso; Luis Ramón Díaz, presidente del Circuito Judicial de Lara; la Ministra y Viceministra de Servicios Penitenciarios, y todos los que tenían responsabilidades para trasladar al señor José Humberto Hernández hasta un centro asistencial a recibir la atención médica debida, como era su derecho humano.

En ese sentido, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones informó que próximamente estarán interponiendo acciones ante las instancias respectivas, al tiempo que recordó que los delitos contra los derechos humanos no prescriben, por lo que todos los responsables deberán responder ante la justicia.

“En Venezuela sí existe la pena de muerte”

Norka Hernández sufrió durante cinco años todos los horrores de la cárcel, pues el paso de su padre por la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara fue un verdadero infierno.

Ella y su familia quisieran borrar de su mente todo el dolor que sienten en este momento, al que describen como algo que tienen clavado en su corazón. Rabia e impotencia son algunos de los sentimientos que tiene la familia del señor José Humberto, quienes desde el primer momento lucharon para llevarlo a casa con vida pero finalmente regresó en un ataúd.

Inmersa en un conmovedor llanto, Norka relató que en los tribunales del estado Lara era tildada de exagerada y nadie le prestaba atención cuando suplicaba ayuda para brindarle atención médica a su padre enfermo.

Presa de la desesperación por ver cómo se apagaba la luz de José Humberto, el 15 de marzo acudió nuevamente a las oficinas judiciales donde se encontró, justo cuando salía de su oficina, a Luis Ramón Díaz, presidente del Circuito Judicial de Lara, a quien le pidió que la ayudara con una boleta de traslado. No obstante, al darse cuenta que se trataba del recluso que fue beneficiado con una medida cautelar de la CIDH, el funcionario respondió de forma grosera y le negó la medida.

La mujer regresó a los dos días y denunció al presidente del Circuito ante la inspectoría de ese organismo, por lo que finalmente logró una boleta de traslado para el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Una vez hospitalizado, José Humberto requería de una tomografía con un costo de 130 dólares. La familia no contaba con los recursos económicos, pero aún así lograron efectuar el estudio para descartar un tumor en el pulmón.

“No quiero volver a ese infierno”, le suplicaba José Humberto a su hija Norka, al enterarse que sería trasladado nuevamente al penal porque en el centro de salud no había un neumonólogo que pudiera atenderlo.

El 23 de marzo de 2021, el interno falleció en el Hospital de Barquisimeto. Hasta ahora sus familiares no saben cuál es la causa real de muerte porque no le hicieron autopsia, solo le pusieron un papel que atribuía el fallecimiento a tuberculosis. Este último diagnóstico es dudoso porque fue sometido en dos oportunidades a las pruebas para descartar esta enfermedad y ambas resultaron negativas, así como otro médico llegó a asegurar que tenía COVID-19.

A 17 días de la muerte de este recluso, la familia se enteró que desde el 1ero de marzo de este mismo año había una boleta de traslado para José Humberto; sin embargo, nadie les informó. “Fueron 20 días que pudieron cambiar el destino de mi papá”, manifestó Norka, quien además aseguró que en Venezuela sí existe la pena de muerte y que su padre fue condenado a morir sin poder demostrar su inocencia.

“En Fénix hacen mérito para matar a la gente, allí la gente se está muriendo de hambre porque mi papá nos llamaba y nos decía que le daban una arepa pequeña después de dos o tres días sin comer, a lo que le echaba tres dedos de agua y sal para rendirlo y engañar el estómago. A mi papá lo mataron”, sentenció la afligida hija.

“Debemos darle un aplauso al mayor que lo golpeó cuando lo interrogaban, al fiscal que lo calificó como cooperador no necesario en algo que no era, a la pila de jueces que le negaron una boleta de traslado para el Hospital, a la Ministra que sabía sobre la situación de mi papá porque yo tengo una conversación con ella, pero después me ignoró cuando se dio cuenta que era el caso de la avioneta. Al presidente del Circuito, al director de Fénix, al jefe de la emergencia, quienes también hicieron un buen trabajo y mataron a un inocente”, concluyó la hija del señor José Humberto.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

Cactus24 (10-04-2021)