Al menos 60 familias son afectadas por medidas de desalojos arbitrarios por parte de organismos del estado en Falcón, según advierte la ONG Fundaredes.

Omar García, coordinador del Observatorio de derechos humanos de FundaRedes en la entidad, destacó que las personas a quienes están desalojando se les había adjudicado hace años sus casas a través de la Misión Vivienda y hoy son despojadas de las mismas por funcionarios del Ministerio de Hábitat Vivienda y cuerpos de seguridad sin procedimientos legales.

El procedimiento de readjudicación de casas en esta oportunidad se dio en la urbanización El Oasis, municipio Los Taques, en donde las familias han vivido desde hace 15 años en este lugar y ahora son desalojados sin argumento legal para ello, haciendo uso de la fuerza pública y sin permitirles si quiera retirar sus enseres y otras propiedades, denunció a través de una nota de prensa.

García detalló que “organismos del Estado venezolano disponen de estas casas que fueron asignadas a personas que no poseían viviendas y ahora a través de un procedimiento ilegal han sido desalojadas para entregarlas a otras familias”.

Del mismo modo recalcó que FundaRedes desde el año 2020 ha denunciado que estos procedimientos ilegales se han realizado en medio de la crisis de pandemia, dejando a decenas de personas sin hogar. “La gran mayoría de estas familias cuentan con documentos de adjudicación y sin ser revocados, ni recibir notificaciones con anterioridad, los sacan de las viviendas despojándolos incluso de sus bienes muebles”, explicó.

Dentro de las víctimas documentadas por los activistas se registraron personas con discapacidad, adultos mayores, quienes son dejados sin un techo luego de residir allí durante años.

Asimismo, García expresó que la comunidad obstaculizó el procedimiento ilegal intentando evitar que se cometieran los desalojos, sin embargo, los funcionarios de Polifalcón los amenazaron con privarlos de libertad.

«Desde FundaRedes recordamos que en varias ocasiones se ha denunciado esta situación ante la Defensoría del Pueblo, por ello exhortamos a los organismos competentes a que investiguen estos hechos los cuales atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos”, concluyó García.