La Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto de ley que castiga con hasta diez años de cárcel las invasiones y ocupaciones de tierras, en una sesión seguida en el exterior por grupos de campesinos e indígenas que expresaron su rechazo.

El proyecto, que ahora pasa a Diputados, fue apoyado con 29 votos, por 13 en contra y tres ausencias, tras un debate de unas cinco horas.

El texto definitivo, que sanciona como crimen la invasión de propiedades, eleva a seis años la pena por las invasiones y a diez años de cárcel en el caso de que ocasionen daños de bienes y patrimoniales.

Algunos de los legisladores que respaldaron el proyecto utilizaron en su exposición imágenes de ocupaciones violentas, mientras que otros que se opusieron mostraron fotos de desalojos policiales ejercidos con la fuerza.

Los argumentos de los defensores, entre ellos los senadores del gobernante Partido Colorado, se centraron principalmente en el derecho a la propiedad privada, e hicieron énfasis en el incremento de las ocupaciones en los últimos años.

«Queremos endurecer las penas para proteger a la gente que quiere trabajar en paz en el campo», dijo el senador oficialista Enrique Riera, uno de los proyectistas.

El senador Fidel Zavala, también proyectista, coincidió con Riera con el espíritu de la normativa, insistiendo en que «en ningún momento se trata de criminalizar los reclamos sociales».

«No se trata de perseguir a nadie. Da seguridad en áreas rurales y urbanas, y también protege a las comunidades indígenas», indicó Zavala, del Partido Patria Querida.

Zavala aseguró además que muchos de los dirigentes de las organizaciones campesinas que alientan las ocupaciones de tierras «se llenan los bolsillos bajo una falsa lucha social».

El legislador, que afirmó que en la actualidad hay 955 casos de ocupaciones, quiso desligar del debate el tema de las tierras malhabidas, que dijo será tratado en otro proyecto.

Por contra, las tierras malhabidas, terrenos públicos entregados por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) a sus aliados políticos, fueron parte de los argumentos de los senadores contrarios al proyecto, entre ellos los del Frente Guasu, la mayor fuerza de izquierda del país.

El senador Sixto Pereira, que calificó el proyecto de «salida represiva» y de intento de criminalizar a la lucha por la tierra, dijo en su intervención que el Estado debe de priorizar la recuperación de esas hectáreas, unos ocho millones de hectáreas.

Asimismo, Pereira cifró en un millón de hectáreas las tierras que se sustrajeron a campesinos en indígenas durante el periodo posterior a la dictadura de Stroessner, que fue derrocado por un golpe militar.

Pereira también se refirió a los agroganaderos de nacionalidad brasileña que cuentan con grandes extensiones de tierras en Paraguay, señalando la existencia de 200 casos que se pueden catalogar de invasiones por parte de ese productores.

«Esto es lo que debemos perseguir», dijo Pereira.

Integrantes de la Federación Nacional Campesina, la mayor organización de labriegos del país sudamericano, se concentraron frente al edificio del Congreso junto a vecinos de un asentamiento de la periferia de Asunción y grupos de indígenas para repudiar el proyecto.

La izquierda paraguaya mantiene que la usurpación de tierra al campesinado y a los pueblos originarios es la causante de un éxodo que les condujo a las áreas urbanas, en asentamientos precarios y sin servicios básicos del Estado.

El agronegocio extensivo, con la soja como principal producto, es también señalado como una de los motivos de esa emigración, así como de la progresiva desaparición de la economía familiar campesina.

Cactsu24 24-09-21