La ONU pidió hoy que se garantice ya que habrá justicia para las víctimas de crímenes en el actual conflicto en la región etíope de Tigray y aunque esta responsabilidad recae inicialmente en las autoridades nacionales, dijo que debe mantenerse abierta la posibilidad de que un mecanismo internacional de investigación asuma esta tarea si es necesario para prevenir la impunidad que se ha visto en guerras recientes en distintas partes del mundo.

«Tal mecanismo podría tomar pasos para llevar a cabo investigaciones penales, reunir y analizar evidencia de todo el espectro de violaciones y abusos que pueda ser usada directamente por cortes competentes a nivel nacional, regional o internacional», planteó hoy la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michele Bachelet.

Su oficina divulgó momentos antes las conclusiones de una investigación realizada en colaboración con la Comisión Etíope de Derechos Humanos sobre las violaciones al derecho internacional, los derechos humanos y los de los refugiados que se han perpetrado en Tigray, al cumplirse un año desde que empezó el conflicto en el segundo país más poblado de Africa (117 millones de habitantes).

LOS RESPONSABLES DE EXACCIONES

El informe no sólo responsabiliza de graves crímenes a las fuerzas de los gobiernos central y regional (de Tigray) y a sus múltiples milicias y fuerzas aliadas, sino también al Gobierno de Eritrea, que tiene fuerzas desplegadas en la región del norte de Etiopía en apoyo al Gobierno de Adis Abbeba y que han cometido igualmente numerosas exacciones, según los hechos documentados en la investigación.

En resumen, el conflicto en Etiopía enfrenta a las Fuerzas Nacionales de Defensa Etíopes, a las Fuerzas de Defensa de Eritrea, a las Fuerzas Especiales de (la región de) Amhara y varias milicias afines contra las Fuerzas Especiales Tigriñas, distintas milicias (la principal es el Frente Popular para la Liberación de Tigray, conocido por sus siglas TPLF) y otros grupos que son sus aliados.

El informe denuncia diversos tipos crímenes en el contexto del conflicto armado, que incluyen asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y basada en el género, violencia contra refugiados (eritreos, que vivían en campamentos en Tigray) y desplazamiento forzado de civiles.

RENDICION DE CUENTAS

Sobre el nivel de responsabilidad de los diferentes actores en este conflicto, Bachelet dijo que durante la investigación se reunió «suficiente información cualitativa y cuantitativa» como para señalar a las fuerzas que actúan bajo las órdenes de los gobiernos de Etiopía y Eritrea como los responsables de la mayoría de las violaciones.

En el informe se relatan varios episodios de actos brutales por razones étnicas, en particular masacres de miembros de la etnia amhara o de tigriños, sobre los cuales se menciona que son actos que podrían corresponder a «ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil específica» y que por esto serían crímenes contra la humanidad.

«Hay reportes inquietantes de violencia étnica, pero no se pudo recoger suficiente evidencia como para caracterizar la naturaleza y el alcance de esta situación. Esta claro que hay que investigar más al respecto», dijo la alta comisionada al ser preguntada acerca de si se estaba cometiendo un genocidio en Etiopía, donde viven más de 80 grupos étnicos.

El más numeroso son los oromo, que representarían actualmente el 35 % de la población, mientras que los amhara son el segundo más importante (27 %). Le siguen los somalíes (6,1 %) y los tigriños (6,2 %)

CESE DE HOSTILIDADES VIOLADO

La declaración unilateral de cese de las hostilidades por parte del Gobierno etíope a finales de junio ha tenido un impacto relativo en los niveles de violencia, puesto que desde entonces «todas las partes siguen violando los derechos humanos hasta el día de hoy » y las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas tigriñas «se han multiplicado», reveló Bachelet.

En este contexto, el Gobierno etíope declaró este lunes el estado de emergencia nacional, lo que Bachelet alertó podría agravar la situación de los derechos humanos en el país y aumentar las restricciones para el acceso de la ayuda humanitaria.

Se teme que las medidas que van con la declaración de emergencia aumenten la división interna, amplíen geográficamente el conflicto y sean utilizadas para reprimir más a la sociedad civil y a los activistas.

Desde el inicio de las hostilidades en Tigray, más de 50.000 personas han buscado refugio en la vecina Sudán, donde hace una semana hubo un golpe de Estado y los militares retornaron al poder.

Además, más de 1,7 millones de civiles se han convertido en desplazados internos y un total de 5,7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria de urgencia, lo que representa 1,5 millones más que antes del conflicto. 

Cactus24 03-11-21