La ONU lamentó este viernes la reciente muerte de un comunero mapuche en un operativo se seguridad en el centro-sur de Chile, y expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno en la zona y la escalada de violencia que se da en el marco del llamado «conflicto mapuche».

A través de un comunicado, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Santiago de Chile, instó a las autoridades a realizar una investigación «rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz» de los hechos, que tuvieron lugar el pasado 3 de noviembre en la región del Biobío.

De acuerdo a la información recabada por el organismo de Naciones Unidas, los hechos se dieron en el marco de controles realizados por fuerzas policiales y militares, en los que Jordan Llempi Machacan (23 años) resultó muerto y al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos.

La Oficina Regional de DDHH de ONU recordó al Estado de Chile que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, «es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente».

En ese sentido, expresó su «preocupación» por el Estado de Excepción Constitucional impuesto por el Gobierno en las regiones del centro-sur del Bíobío y La Araucanía, medida que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

«Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones», dijo el representante de la Oficina para América del Sur del ACNUDH, Jan Jarab.

La autoridad de ONU recordó que «aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación».

Al mismo tiempo, la oficina de ONU condenó la espiral de violencia en la zona e hizo un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó a mediados del pasado octubre la militarización de esta con el objetivo de contener esta escalada de violencia, donde han sido frecuentes los ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortales.

Algunos de estos episodios están enmarcados en el «conflicto mapuche», que enfrenta al principal grupo indígena del país con el Estado chileno por las tierras que habitaron durante siglos y que pertenecen ahora en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.

El pasado martes, Piñera solicitó al Congreso prorrogar la medida por otros quince días a contar desde el 11 de noviembre.

Un vídeo difundido el jueves a través de redes sociales mostraba a medio centenar de encapuchados armados, identificados por los letreros como la organización indígena Weichan Auka Mapu, amenazando con combatir «con armas» a las fuerzas de seguridad si no abandonan el territorio. 

Cactus24 05-11-21