Un tribunal de primera instancia de Bonaire condenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al pago de 41,69 millones de dólares por deudas acumuladas con la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec).

La decisión del tribunal bonairense, además, estableció que Pdvsa tendrá que cancelar 560.000 dólares mensuales adicionales por el almacenamiento de crudo en el terminal petrolero que forma parte del complejo, según reseñó el portal Crónicas del Caribe, que añade que el reclamo de Bopec fue formulado en mayo por su fiduciario, Constantijn Michiel van Liere.

El medio añadió que en enero de 2002 Pdvsa y Bopec concretaron un acuerdo de almacenamiento y rendimiento, que consistía en el resguardo de crudo venezolano en los depósitos del terminal marítimo de la filial en Bonaire -que luego era reexportado a nombre de Pdvsa Petro, otra subsidiaria- “a cambio de una tarifa en dólares” por el almacenamiento.

En el último ajuste, vigente desde enero de 2016, era de 40 centavos de dólar por el total de barriles que podían permanecer en los tanques, aún si esa capacidad no era completamente aprovechada.

Entre Pdvsa y Bopec mediaba una cadena de compañías. En primer lugar está Pdvsa Petro, una subsidiaria cuya función es vender el crudo nacional “a clientes fuera de su propio grupo”. De allí que el servicio de Bopec en cuanto a la reexportación de hidrocarburos fuese prestado a esta subsidiaria.

Mientras tanto, parte del capital accionario de Bopec fue adquirido por otra compañía de Pdvsa, Propernyn BV.

A partir de septiembre de 2017, Pdvsa Petro cesó sus pagos por el servicio que prestaba Bopec. Esto ocasionó que la empresa bonairense entrara en quiebra, debido a la imposibilidad de pagar su nómina y llevar a cabo las obras de mantenimiento para estar a la altura del estándar en materia de preservación ambiental.

En su defensa, los abogados de la estatal venezolana argumentaron que el tribunal de esta antilla carecía de jurisdicción para conocer los reclamos, y que el litigio debía cursarse a través de un arbitraje, tal y como fue establecido en el contrato inicial.

El juez Gerard no solo desechó esta objeción, sino que también avaló la exigencia del reclamante en cuanto a la urgencia de una decisión, tomando en cuenta que “el almacenamiento y manejo de petróleo de las terminales conlleva costos operativos considerables, en parte debido a requisitos específicos para las operaciones comerciales, en las que la seguridad para las personas y el medio ambiente son centrales”. Además, se reconoció la existencia de un creciente pasivo laboral.

En la actualidad, Bopec tiene una nómina de 23 empleados. Cuando comenzó a operar, daba empleo -directo o indirecto- a 300 personas.

Cactus24/09-11-2021