La junta militar de Birmania estrecha cada vez más el cerco en torno a la líder depuesta Aung San Suu Kyi, que ha sido inculpada por «fraude electoral» en los comicios de 2020, ganados holgadamente por su partido.

La líder derrocada en el golpe militar de febrero, en arresto domiciliario desde hace meses y que se enfrentaba ya a numerosas acusaciones, será juzgada por «fraude electoral y acciones ilegales», señaló este martes el periódico controlado por el régimen, Global New Light of Myanmar, sin dar detalles sobre cuándo empezará el proceso.

La junta asegura haber descubierto más de 11 millones de irregularidades en las elecciones de noviembre del año pasado, en las que venció de forma abrumadora la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi.

Otras 15 personas, incluido el ex jefe de Estado Win Myint y el presidente de la comisión electoral, están acusados de los mismos cargos, según la publicación.

Los observadores internacionales habían calificado entonces esos comicios de «globalmente libres y justos».

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, amenazó con disolver la LND y aseguró que se celebrarán nuevas elecciones antes de agosto de 2023.

«Acusaciones falsas»

«La junta utiliza acusaciones falsas de fraude electoral como la justificación clave para el golpe», comentó a AFP Richard Horsey, responsable de Birmania en el International Crisis Group.

«Pero Aung San Suu Kyi y el LND tuvieron un apoyo abrumador de los votantes, así que una declaratoria de culpa no convencerá a nadie», agregó Horsey.

Aseguró que los militares no lograron identificar más que un puñado de personas que habrían votado dos veces, y ahora persiguen a los dirigentes del partido de Suu Kyi.

Esta nueva acusación contra la exdirigente se produce un día después de la liberación del periodista estadounidense Danny Fenster, indultado después de seis meses de detención y en vísperas de un juicio en el que corría el riesgo de ser condenado a cadena perpetua por terrorismo. Fenster fue expulsado a Estados Unidos.

Suu Kyi, de 76 años, es juzgada desde enero por múltiples infracciones, como importación ilegal de walkie-talkies, sedición, corrupción o incitación a desordenes públicos. También está acusada de haber violado las normas de restricciones contra el covid-19.

Puede ser condenada a varios años de prisión si es declarada culpable. Los medios no están autorizados a asistir a su juicio, que se celebra a puerta cerrada, ante un tribunal especial de Naipyidó, la capital.

Sangrienta represión

La junta también ha prohibido a su equipo jurídico hablar con la prensa y las organizaciones internacionales.

Birmania está inmersa en la violencia y la crisis desde el golpe militar de febrero, que desató protestas en todo el país y una sangrienta represión contra los disidentes.

Ese golpe militar puso fin a una transición democrática que duró una década.

Más de 1.250 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad de la junta desde el golpe y más de 10.000 han sido detenidas, según un grupo local de monitoreo.

La prensa es amordazada por la junta que intenta reforzar su control sobre la información, limitando el acceso a internet y anulando las licencias de los medios.

Más de 100 periodistas han sido detenidos, según Reporting ASEAN, una asociación de defensa de los derechos. En total, 31 de ellos siguen detenidos.

Cactus24 16-11-21