El caso de Tadeo, nacido el 4 de octubre, ha estremecido a México desde hace dos semanas, cuando un reo encontró el cuerpo del bebé cubierto con cal y dentro de una bolsa en los contenedores de plástico reciclable. Por el caso, 19 personas han sido detenidas.

El bebé, enterrado en un cementerio de la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, presentaba una herida en el abdomen, por lo que una de las hipótesis iniciales era que su cuerpo se había utilizado para transportar droga.

Después se aclaró que la herida respondía a una operación que se le hizo al bebé, que murió el 5 de enero por problemas intestinales en Ciudad de México.

Sus padres, que habían enterrado a Tadeo días antes, se enteraron de que el cuerpo del bebé había aparecido en un penal de Puebla por reportes de la prensa que señalaron que el infante portaba un brazalete en su muñeca izquierda con sus apellidos, lo que permitió la identificación.

ENTRE EVASIONES Y AMENAZAS

El caso ha despertado sospechas contra el Gobierno federal porque los gobernantes de Puebla, Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa son todos del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cuestionado por la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este lunes que el caso es un «fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder y tienen que ver con el pasado reciente», en referencia a los «gobiernos neoliberales».

El hecho también ha levantado polémica porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a investigar el caso, mientras que el gobernador de Puebla, el oficialista Miguel Barbosa, advirtió a periodistas y activistas de que «tengan cuidado» al indagar la historia.

Los activistas coincidieron en que el caso de Tadeo es un reflejo de la violencia contra niños en México, donde en 2021, los homicidios de menores de edad crecieron un 2,7 % hasta los 2.240, lo que significa seis niños o adolescentes asesinados al día, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Además, hay una impunidad del 95 % en los asesinatos que involucran a niños, lamentó Tania Ramírez, presidenta ejecutiva de Redim.

CACTUS24 24-01-22