El Tribunal Primero de Sentencia de Anticorrupción suspendió el inicio del primer juicio en contra de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, después de que los abogados defensores denunciaran anomalías procesales y problemas técnicos.

La sesión virtual entre todas las partes –y que era previa a la declaración oficial de apertura del juicio– comenzó a las 9:00, pero dos horas después no se había logrado instalar ya que se replicaban los reclamos para que el proceso fuera presencial debido a las dificultades técnicas.

Además de que no todos los involucrados lograban conectarse, había problemas de audio y se interrumpían unos a otros constantemente. Los abogados también denunciaron que varios de los 75 testigos que participarán en el proceso no habían sido notificados. 

Áñez, quien la víspera inició una huelga de hambre, se conectó desde la cárcel de Miraflores y estuvo acompañada por Norka Cuéllar, una de sus abogadas que ya había anticipado que el juicio podría posponerse.

Después de un receso en el que analizaron los reclamos, los jueces que integran el Tribunal, Germán Ramos (presidente), Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Avilés Condori, dejaron sin efecto el inicio del juicio pero no establecieron una nueva fecha.

Protestas

La jornada comenzó en un clima de tensión, ya que afuera del Tribunal se registraron enfrentamientos de manifestantes que acudieron para apoyar o repudiar a la exmandataria.

Ambos grupos comenzaron a llegar desde temprano al Tribunal de Sentencia de La Paz, ya que, aunque la audiencia era virtual, ahí estaban presentes los jueces a cargo del caso.

Unos manifestantes exigían la libertad de la exmandataria, mientras otros demandaban que fuera condenada por haber participado en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.

«Así nos dejaste: madres sin hijos, hijos sin padres, viudas, huérfanos», rezaba uno de los cárteles de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata ocurridas en las primeras semanas del Gobierno de Áñez.

Ambos grupos se lanzaron gritos, insultos y empujones, mientras decenas de policías trataban de contenerlos.

«¡Justicia, justicia!», gritaban en ambos sectores en torno a un caso histórico en el que, además de Áñez, también están imputados el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; y los excomandantes del Ejército, Pastor Mendieta (Ejército); el excomandante de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros (Fuerza Aérea); y Palmiro Jarjury (Fuerzas Armadas); el exinspector Jorge Elmer Fernández y el exjefe del Departamento de Operaciones, Sergio Carlos Orellana.

A ellos se suman dos prófugos: el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

La expresidenta está acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al haber asumido la presidencia el 12 de noviembre de 2019 sin cumplir los requisitos institucionales necesarios, apenas un par de días después de que Morales fuera obligado a dimitir.

Entre las múltiples anomalías de la asunción de Áñez citadas por la fiscalía, destaca el hecho de que se autoproclamó presidenta en una sesión del Senado que no contaba con el quórum necesario para validar la ceremonia y que la banda presidencial le fue colocada por un militar.

Además, ante la dimisión de Morales, la presidencia interina debía recaer en un legislador o legisladora del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ya que tenían mayoría de escaños, y no en el bloque opositor del que Áñez formaba parte.

Detención

Áñez, quien gobernó durante una año a partir de noviembre de 2019, fue detenida el 13 de marzo de 2021, sólo cinco meses después de que Luis Arce, el candidato del MAS,  ganara la presidencia en unas elecciones que representaron el regreso de la democracia en Bolivia.

Desde entonces hay dos grandes causas judiciales en su contra. Una es la llamada ‘Golpe de Estado I’, en la que se le imputan los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y que está en curso pero todavía sin llegar a juicio; y ‘Golpe de Estado II’, que es el que iba a iniciar este jueves y que se pospuso por tiempo indeterminado.

Junto con su participación en el derrocamiento de Morales y su anómala asunción como presidenta, también se investigan otras causas por delitos de lesa humanidad referidas a las masacres de Sacaba y Senkata que llevaron a cabo las fuerzas de Seguridad y militares a su cargo durante los primeros días de su gobierno, y que dejaron un saldo de por lo menos 38 personas asesinadas y cientos más heridas.

Desde que fue detenida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, Áñez se autoproclamó como presa política y exigió en varias ocasiones la prisión domiciliaria al considerar que era víctima de violencia institucional. Sin embargo, las autoridades bolivianas rechazaron sus peticiones.

Tampoco fue apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que rechazó las  medidas cautelares interpuestas por la expresidenta.

Cactus24 10-02-22