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Tribunal indígena condenó a pemones que asaltaron batallón y comando policial de la Gran Sabana

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Tribunal indígena condenó a pemones que asaltaron batallón y comando policial de la Gran Sabana

Un tribunal indígena condenó a 12 pemones acusados de haber participado en el asalto al 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla y al Comando Policial de San Francisco de Yuruani, ubicados en Luepa y Roraima, municipio Gran Sabana (Bol), según fuentes judiciales.  

En un principio, los indígenas fueron presentados ante el Tribunal Especial 4° de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo ubicado en el Palacio de Justicia de Caracas. Allí les imputaron asociación para delinquir, conspiración contra la forma política, terrorismo y sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo.

Tras ser imputados, el Tribunal fijó como sitio de reclusión la cárcel de Rodeo II. Pero esa instancia les otorgó una medida cautelar en febrero de 2021 para permitir que fueron juzgados en sus tribunales naturales tal como lo establece la Constitución.

Es así que el pasado 10 de febrero comenzó lo que se considera el primer juicio en El Consejo de Ancianos del sector VI Akurimó, ubicado en el municipio Gran Sabana, Bolívar. Participaron miembros de la comunidad Kumarakapay, a la cual pertenecen los 12 procesados.

Al día siguiente, el Consejo de Ancianos emitió una decisión consistente en tres sanciones que los procesados deben cumplir durante seis meses. Una de las sanciones que le impuso el Consejo de Ancianos a los 12 fue raparles el cabello para distinguirlos como responsables de una acción reñida con las normas ancestrales, según testigos.

El trabajo comunitario no remunerado es otra de las sanciones impuestas a las 12 procesados, quienes estarán ocupados en la tradicional caza, pesca y recolección de alimentos.

Y finalmente, los 12 fueron entregados a sus padres a manera de sancionarlos a ellos también por haber sido irresponsables en la crianza de los hijos.

De acuerdo a la reseña de Últimas Noticias, el abogado Olnar Ortíz Bare, quien estuvo presente en la sala de audiencia indígena, explicó que ahora corresponde al Tribunal Especial 4° de Control Antiterrorista le dé el visto bueno a esa decisión del Consejo de Ancianos.

CACTUS24 18-02-22

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