Las sociedades españolas pertenecientes al grupo Agroinsumos informaron este 24 de marzo que el Tribunal constituido bajo las Reglas de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”), organización del Banco Mundial, determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de varias empresas españolas en diferentes sociedades venezolanas, incluida Agroisleña, constituyó una violación al acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Venezuela.

En consecuencia, el CIADI ordenó al Estado venezolano que pague al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos la suma de 1.629 millones de dólares como compensación por su incumplimiento del referido acuerdo, así como también «intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente».

El CIADI también ordenó a Venezuela pagar más de 1,1 millones de dólares por costos del procedimiento y otros $16,3 millones de dólares por gastos incurridos por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en la defensa de sus derechos.

En octubre de 2010 Hugo Chávez emitió el Decreto 7.700, que ordenó la expropiación forzosa de los activos del Grupo Agroisleña. Asimismo, el Estado ordenó una serie de medidas judiciales y administrativas de ocupación de dichos activos. A principios de octubre de 2010 las juntas directivas fueron removidas de sus cargos y el Estado designó a nuevos directores para cada una de las 10 empresas, destaca Crónica Uno.