El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, dijo el viernes que firmó un pedido de extradición para que el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica, regrese al país andino a cumplir una condena de ocho años impuesta por un caso de cohecho.

Un tribunal del país condenó a prisión a Correa en el 2020, acusándolo de ser «autor mediato», junto a otros exfuncionarios, de cobros indebidos a contratistas para financiar las campañas electorales de su movimiento político entre 2012 y 2016.

Saquicela dijo que firmó la solicitud de la extradición de Correa con base a un acuerdo vigente entre Ecuador y Bélgica y otros tratados internacionales, así como en la sentencia ejecutoriada del caso de sobornos.

«Es la primera vez que se pide la extradición y como corresponde es ajustado estrictamente a derecho», dijo Saquicela a Reuters, desestimando las afirmaciones de Correa de que las solicitudes de extradición se habían realizado anteriormente.

El pedido pasará luego al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para su trámite en el ámbito diplomático.

Correa, quien gobernó el país entre el 2007 y 2017 y vive en Bélgica desde que dejó el poder, ha negado las acusaciones de la justicia ecuatoriana y ha dicho que se trata de una persecución política por parte de sus opositores.

El exmandatario desestimó la solicitud de extradición de la Corte Nacional de Justicia como «otro papelón» y llamó a Saquicela de payaso en una serie de mensajes en Twitter.

La orden de la corte coincide con un pedido de asilo político de Correa a Bélgica que, según el equipo de prensa del expresidente, fue aceptado por el gobierno de Bruselas.

«El pasado 19 de abril de 2022, el Gobierno Federal de Bélgica concedió asilo político al exmandatario ecuatoriano economista Rafael Correa Delgado, reconociendo de esta manera la persecución política en su contra», agregó el equipo en un comunicado.

Ni los ministerios de Relaciones Exteriores de Ecuador ni Bélgica respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz del Comisionado de Bélgica para los refugiados se negó a comentar.

Durante el juicio, la fiscalía del país acusó a Correa de liderar una «estructura jerárquica» para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación contratos de obras de infraestructura.

Cactus24 22-04-22