El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina cuestionó las críticas de la embajadora estadounidense Laura Dogu, luego de que la recién electa presidenta de Honduras Xiomara Castro enviara un proyecto de reforma estructural del sector energético para garantizar el acceso a la energía eléctrica, así como solventar la millonaria deuda adquirida por la estatal energética durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.
«Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza», escribió el canciller en su cuenta de Twitter.
La embajadora norteamericana cuestionó un proyecto de ley de reforma del sector energético que prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público. El proyecto además propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la diplomática estadounidense le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera.
«Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU», advirtió respondiendo al tuit de la diplomática de Washington que había asegurado estaba analizando la propuesta del gobierno de Castro y tenía “preocupaciones” al respecto. «La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como he escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora» de energía, escribió Dogu en Twitter.
El proyecto enviado por la mandataria titulado Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé subsidios a sectores de bajo ingreso, desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora. En este sentido, el proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación “se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.
Cactus24/ 06-05-2022