Juan Carlos I, padre del rey Felipe VI, vuelve este jueves a España para una breve y criticada visita, la primera desde que se exilió hace dos años en Abu Dabi entre sospechas de lucrarse ilegalmente.

Si bien el exmonarca de 84 años vio como en marzo se archivaban todas las investigaciones judiciales de las que era objeto, las numerosas revelaciones sobre el origen poco claro de su fortuna dañaron seriamente la imagen de esta figura, generalmente apreciada hasta entonces por su papel en la transición a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Juan Carlos de Borbón llegará por la tarde a la localidad gallega de Sanxenxo (Galicia, noroeste) y el lunes viajará a Madrid para estar con su esposa Sofía, su hijo el rey, y su familia, antes de volver a Abu Dabi, donde se instaló en agosto de 2020.

La localidad costera gallega acoge este fin de semana una regata de vela en la que participa el equipo que el antiguo monarca solía capitanear, el «Bribón».

Discrepancias entre partidos

Aunque el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha mantenido discreción sobre el regreso, se opuso, según la prensa española, a que Juan Carlos I pernoctara en el palacio de la Zarzuela de Madrid, por ser una residencia oficial, y finalmente dormirá en casa de un amigo en Sanxenxo.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo este jueves que «todos los ciudadanos españoles merecen una explicación» por unas «informaciones que son muy inquietantes» aparecidas en los últimos tiempos.

Más directo fue el socio minoritario de la coalición de gobierno, el partido de extrema izquierda Podemos, que lamentó, en un mensaje en Twitter, que «la monarquía es una institución diseñada para delinquir» y «la Justicia no es igual para todos».

En cambio, la oposición conservadora defendió el viaje. «El rey emérito no tiene causas pendientes en su país y tiene todo el derecho a visitar o a regresar a España», dijo el martes el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

En su editorial de este jueves, el diario El País sostuvo que «no hay ya razón legal o jurídica alguna que impida al rey emérito viajar a España pero existe un reguero de razones de carácter ético que explican el revuelo que ha causado la noticia».

Una monarquía en apuros

La Corona española se ha visto salpicada en los últimos años por los escándalos. A las revelaciones sobre la fortuna de Juan Carlos I, se les unieron asuntos mundanos, como el viaje a cazar elefantes a África con su amante Corinna Larsen, en 2012, en plena crisis económica, por el que pidió perdón y que se descubrió porque sufrió un accidente.

Además, su yerno, Iñaki Urdangarín, fue condenado en 2017 a 6 años de cárcel por los negocios ilegales que hizo al frente de la fundación que encabezaba, en un juicio en el que también se sentó en el banquillo de los acusados su hija, la infanta Cristina, finalmente condenada a pagar una multa.

La más importante de las tres investigaciones abiertas por la fiscalía a Juan Carlos I buscaba determinar si cobró comisiones por la adjudicación a dos empresas españolas de un contrato para la construcción de un tren de alta velocidad entre La Meca y Medina, en Arabia Saudita, en 2011.

Una transferencia en 2008 de 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudita a una cuenta suiza de la cual era beneficiario despertó las sospechas, pero la fiscalía concluyó que se trató de «un regalo».

En 2014, Juan Carlos abdicó en su hijo, y justificó su exilio en Abu Dabi en la necesidad de «facilitar» el trabajo a Felipe VI.

El rey ha tratado en los últimos tiempos de marcar distancias con su padre, y en marzo de 2020 renunció a su herencia y le retiró su asignación anual de casi 200.000 euros.

Más recientemente, a finales de abril, puso en marcha, con el gobierno de Sánchez, una operación de «transparencia» en la Casa Real, que ahora deberá auditar sus cuentas, hacer públicos sus contratos o hacer un inventario de los regalos recibidos.

Cactus24 19-05-22