Las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones de crimen organizado se combinaron en 2021 y mantuvieron bajo fuego a los ciudadanos de varios estados en Venezuela.
Monitor de Víctimas reportó 787 homicidios ocurridos en Caracas, Lara y Táchira. El equipo de investigadores visitó diariamente las morgues de estos estados para contabilizar los casos y registrar características de las muertes. Entrevistó a familiares de víctimas y a testigos de los crímenes, además de verificar con fuentes policiales algunos detalles de los hechos.
El informe, titulado «Fuego cruzado en Venezuela. Grupos armados estatales y no estatales comparten la violencia homicida», fue presentado este miércoles 1 de junio en rueda de prensa, con la participación del abogado y periodista Michael Reed-Hurtado, investigador de la Universidad de Georgetown, experto en derechos humanos y asuntos humanitarios; César Salgado, coordinador de Investigación y Equipos Comunitarios de Monitor de Víctimas y Ronna Rízquez, coordinadora editorial del proyecto.
La principal consecuencia de esta violencia son los homicidios de civiles, que en muchos casos nada tienen que ver con los grupos armados estatales y no estatales que se enfrentan. Estos eventos también dejan una larga estela de víctimas colaterales, como niñas, niños y adolescentes huérfanos, y familias que pierden el sostén económico del hogar. Además, las secuelas psicológicas y emocionales de vivir expuestos a la violencia armada y a constantes violaciones a los derechos humanos, reseñó Tal Cual.
Sin embargo, por estas situaciones no se puede decir que Venezuela vive un conflicto armado no internacional, según la definición del Derecho Internacional Humanitario
«Los convenios de Ginebra establecen que se requiere que los grupos insurrectos ‘bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas’ para poder considerarse como un conflicto armado no internacional», dice una publicación de Acnur.
Lo que ocurre en Venezuela se inserta más en otras manifestaciones de violencia de menor magnitud. «Se puede hablar de conflicto armado de baja intensidad. Pero el mayor conflicto es entre grupos armados estatales y no estatales», asegura el sociólogo y experto en temas de violencia Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
La información recabada por Monitor de Víctimas arrojó algunos hallazgos que justamente coinciden con estas dinámicas de violencia y crimen en los tres estados estudiados para este informe, en los que destaca el impacto de estos enfrentamientos armados. Aunque los datos muestran una reducción general en los homicidios, la letalidad policial aún es excesiva.
Entre la masacre de La Vega y los tiroteos en la Cota 905
Los cuerpos de seguridad del Estado son otra vez los principales responsables de los homicidios en Lara y Caracas, donde se les atribuye la responsabilidad en 46 % y 34 % de los casos. Lo que resulta preocupante y escandaloso, pues la mayoría de estos son el resultado de presuntas ejecuciones extrajudiciales, agregó Tal Cual.
En Caracas, hubo dos incidentes que marcaron un repunte significativo en los homicidios: la masacre de La Vega (enero de 2021) y la intervención policial en la Cota 905 (julio de 2021). Ambos hechos fueron protagonizados por las fuerzas de seguridad. Familiares de las víctimas y habitantes de las comunidades denunciaron ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales.
En La Vega, el equipo de Monitor de Víctimas logró establecer la identidad de 15 personas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad. La finalidad del procedimiento policial era supuestamente evitar la expansión de la megabanda del Koki, un grupo armado que controla desde 2014, por lo menos, cuatro parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Valle, Coche y El Paraíso.
El operativo del mes de julio en la Cota 905 también estaba orientado a la captura de los miembros de la megabanda del Koki, luego de que se rompiera un supuesto pacto que tenían con funcionarios del gobierno desde 2017, para reducir los secuestros y controlar la criminalidad en los territorios bajo su control.
Varios miembros de la organización criminal murieron en los enfrentamientos, mientras que los líderes lograron huir. La intervención policial se prolongó por tres días, afectó siete parroquias de Caracas y dejó 37 personas muertas.
Los proyectiles de los tiroteos llegaron a tres kilómetros de distancia de la Cota 905, y las balas perdidas alcanzaron a personas que regresaban a sus hogares en unidades de transporte público, a amas de casa que estaban en sus viviendas, a transeúntes y vendedores informales.
La falta de información oficial clara, precisa y transparente fue una característica común en los dos hechos que se registraron en Caracas. Sobre la masacre de La Vega no hubo pronunciamiento y se desconoce si existe alguna investigación sobre las muertes, que en su mayoría fueron denunciadas como presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En el caso de los tiroteos en la Cota 905, la entonces ministra de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Carmen Meléndez, informó de manera general e imprecisa sobre la operación policial y ofreció resultados parciales. No se dio a conocer la identidad de las víctimas ni las causas de muerte.
Cactus24 (02-06-2022)
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