La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación previa contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por la detención del líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del país latinoamericano (Conaie), Leonidas Iza, durante las protestas de junio.

La información la dio a conocer la Conaie. De acuerdo con el extracto de un documento publicado por la organización en su cuenta en Twitter, la investigación preliminar también incluye a los ministros Patricio Carrillo y Luis Lara, titulares de las carteras del Interior y Defensa, respectivamente.

La Conaie señala que la investigación previa es por «el presunto delito de privación ilegal de libertad», tras la denuncia presentada por Iza y el legislador Ángel Salvador Maita Zapata.

Detención y espera de juicio

La detención de Iza ocurrió el 14 de junio, al inicio del segundo día del paro nacional convocado por la Conaie. El dirigente indígena fue aprehendido mientras estaba en el sector Lasso, cerca de Pastocalle, en Cotopaxi.

En ese momento, desde la Conaie calificaron de «ilegal y arbitraria» la detención y llamaron a «radicalizar» la protesta.

Luego de 24 horas del arresto, Iza fue dejado en libertad condicional. La jueza de la Unidad Penal de Latacunga, Paola Bedón, declaró que la detención de Iza fue «legal» y en «flagrancia». También le impuso medidas cautelares, que incluyeron la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse ante la Fiscalía los miércoles y viernes en horario laborable.

La audiencia de juicio estaba prevista para el lunes 4 de julio, pero fue declarada fallida y, por tanto, suspendida. La magistrada que lleva el caso acogió una solicitud de la defensa de elevar una consulta ante la Corte Constitucional (CC) para extender el plazo para la instalación del juicio.

Ese mismo día, la jueza aceptó otra solicitud de los abogados de Iza sobre cambios en las medida cautelares, estableciendo que la presentación ante la Fiscalía sea cada 15 días y solo los viernes.

Iza es juzgado por el presunto delito de «paralización de un servicio público», establecido en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años.

La FGE informó que abrió 369 investigaciones previas y 34 instrucciones fiscales en el contexto del paro nacional. Entre los delitos que investiga están el de paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, robo, ataque o resistencia, secuestro, terrorismo, lesiones, intimidación, entre otros.

Cactus24 15-07-22