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Habitantes de Pecaya afirman que son un pueblo desconectado y exigen la restitución del servicio de internet

Habitantes de Pecaya afirman que son un pueblo desconectado y exigen la restitución del servicio de internet

Cada día la sociedad falconiana se hace más dependiente de la conexión a internet para realizar transacciones bancarias, financieras, para los estudios, para las comunicaciones interpersonales y hasta para el ocio. Permanecer conectado ya no es una necesidad, es parte de la vida de una sociedad globalizada.

Habitantes del pueblo de Pecaya, protestaron en las instalaciones de la sede Cantv en el municipio Sucre, para rechazar las últimas decisiones políticas de la empresa estatal en trasladar la única antena de conexión lo que podría agudizar la desigualdad digital y restringir el acceso a la conexión internet.

Pecaya se encuentra después de Santa Cruz, municipio Sucre en el Estado Falcón y es un espacio de geografía xerófita, como un desierto. Allí no viven más de 600 habitantes y han protagonizado acciones de protesta ante el presunto “desmantelamiento de la sede Cantv”

“Pecaya es un público que en su momento contó con una sede Cantv y funcionaba a la perfección, pero desde un tiempo para acá la misma empresa se ha dedicado a desmantelar la sede llevándose aires acondicionados, platos satelitales y ahora quieren llevarse la torre”, denunció Hector Robertis, dirigente comunitario.

Robertis comentó en conversación para Cactus24, que los habitantes del pueblo poseen equipos telefónicos inteligentes, pero no hay señal para conectarse a la red internet. Agregó que los establecimientos comerciales han registrado pérdidas y han aumentado el precio de los productos por la falta de conexión y la instalación de servicios privados de internet para mantener los puntos de ventas activos y las posibilidades de cancelación a través del pago móvil y el sistema Patria.

“El único pueblo de la Sierra de Falcón que no cuenta ni con señal ni con internet es Pecaya”, afirmó el dirigente comunitario. 

Toma y dame 

Este 14 de julio, la comunidad sostuvo un encuentro con representantes de la empresa Cantv, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Torrealba y el síndico municipal Carlos Leal; donde exigieron la instalación del servicio de internet y telefonía en los hogares; y la colocación de la fibra óptica a cambio de permitir que la antena sea movida del lugar. El nodo de la fibra óptica se encuentra en el sector El Horcón a 18 kilómetros de distancia. 

Según el testimonio de Robertis, los funcionarios de Cantv alegaron que la “antena está obsoleta”. 

“Ellos alegan que la antena está obsoleta y por eso la han venido desmantelando, pero sin ningún informe y pasando por encima de la autoridad municipal”, señaló. 
Los habitantes documentaron con sus vídeos celulares el momento que los funcionarios Cantv intentaron proceder con la desinstalación de los equipos. No obstante, los funcionarios también fotografiaron y documentaron a los habitantes que protestaban. 

Problema estructural y desigualdad digital en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDH-ONU) mediante la resolución 47/16 para la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, señaló que durante la pandemia, el acceso a internet se convirtió en un derecho importante para la sociedad y exhorta a los Estados a garantizar el acceso. 

El informe Conexión desigual 2022 del Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana (IPYS) expone que el sector de las telecomunicaciones se encuentra en un proceso de decadencia desde hace varios años. Venezuela sigue siendo uno de los países con el Internet más lento del mundo.

La penetración de Internet en la mitad de los estados del país no alcanza ni siquiera el 40% y esta distribución es a su vez desigual dentro de las propias regiones. 

En Falcón hay más de 304.535 mil suscriptores a internet según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) del IV trimestre de 2020. 

El informe destaca que las condiciones actuales de la conectividad tienen su origen en las políticas gubernamentales, que inicialmente estaban orientadas a garantizar conexiones libres y de calidad, pero que desde hace algunos años han estado dirigidas a obstaculizar y deteriorar los derechos digitales de la población. 

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