Mediante una carta pública dirigida a la presidencia de la República, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional; los ahorristas solicitan «la apertura de las averiguaciones pertinentes y piden que se tome en cuenta los agravantes y sean asegurados los bienes patrimoniales propiedad de los ahorristas».

Son más de 16 mil familias afectadas por la suspensión de las operaciones del banco en la isla y por la falta de un plan de emergencia para salvaguardar los bienes.  En Falcón, son más de 200 empresarios entre las ciudades de Coro y Punto Fijo.  Al respecto, el texto recalca que el Ministerio Público debe garantizar el Estado de derecho y proteger los interés de los ahorristas. Indican, que las investigaciones deben contar con los canales regulares con nexos internacionales.

«El Ministerio Publico debe velar por tal garantía, ordenando y llevando adelante una profunda investigación al respecto, incluida aquella que deba realizarse fuera de país mediante el uso de los mecanismos legales que al efecto sean aplicables, a fin de desenmascarar los actores intelectuales y materiales para que sean debidamente sancionados y execrados del sistema financiero nacional e internacional como consecuencia a la violación de la confianza que los usuarios deben tener en las instituciones financieras y bancarias con el consiguiente peligro que ello significa para las mismas», reseña la carta.

Los ahorristas agrupados en una asociación civil llamada “Usuarios Afectados BOD Falcón, Asociación Civil», opinan que el Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), debió vigilar y hacer las correcciones posibles para que no desaparecieran los miles de dólares ahorrados.

Afirman que el BOD estableció una plataforma delictiva en el estado Falcón, específicamente en la península de Paraguaná. «El propietario» del BOD, los directivos de esta institución bancaria así como los gerentes y personal que participó en esta trama, en el estado Falcón, son sujetos del derecho penal ya que cometieron varios hechos punibles como consecuencia de sus acciones, establecieron una plataforma delictiva a través de su organización bancaria  para apropiarse de las divisas que le dieron bajo su custodia, y al no devolverlas engañaron a los ahorristas y en general a las personas que colocaron el dinero, bajo las diferentes figuras de los contratos bancarios”, recalca el escrito.

Cactus24//16-09-2022