La plataforma de reparto Glovo deberá pagar una multa de casi 80 millones de euros (unos 79 millones de dólares) y regularizar a más de 10.000 repartidores, anunció este miércoles la ministra española de Trabajo.

«El peso de la ley va a caer sobre esta empresa», afirmó Yolanda Díaz ante la prensa al anunciar las sanciones.

«Lo que ha hecho Glovo» -acusada de seguir considerando a sus repartidores como trabajadores independientes, cuando ya deberían ser asalariados, además de obstruir la labor de la inspección de trabajo- «son dos vías de actuación gravísimas», denunció la ministra comunista.

«Por esta razón se ha actuado contra esta empresa regularizando a más de 10.600 trabajadores y trabajadoras», además de imponerle un importe de multa «muy elevado, llegando casi a los 79 millones de euros», agregó Díaz.

En un comunicado, Glovo anunció que iba a presentar sus alegaciones contra lo que considera una «resolución unilateral». La plataforma precisó además que los hechos correspondían al periodo entre 2018 y agosto de 2021, antes de la entrada en vigor de una ley que otorga la condición de empleados a los repartidores de las plataformas.

Impulsada por el gobierno de izquierdas, la conocida como ley «rider» -por como se denomina a estos repartidores que suelen ir en bicicleta- introdujo en el estatuto del trabajador una «presunción de laboralidad» para todos los repartidores que trabajan para aplicaciones de reparto como Uber Eats, Glovo o Deliveroo.

Poco antes de que la ley entrara en vigor, el grupo británico Deliveroo anunció su marcha de España.

Glovo, de su lado, explicó que comenzaría a considerar como asalariados a los repartidores que trabajaban para sus propios supermercados en línea o para las empresas con las que el grupo tiene acuerdos. Los «riders» de comida, sin embargo, seguirían siendo independientes, aplicando un nuevo estatuto que debía reforzar su autonomía.

Pero los dos principales sindicatos españoles, UGT y CCOO, recurrieron entonces a la inspección del trabajo.

En diciembre, Bruselas desveló una batería de medidas para reforzar los derechos de los trabajadores de plataformas digitales como Uber o Deliveroo, fijando criterios comunitarios para determinar si deben o no ser considerados como asalariados.

El proyecto de ley todavía debe obtener la aprobación de todos los Estados miembro de la Unión Europea y los eurodiputados.

Cactus24 21-09-22