La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este miércoles al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, que fue detenido el pasado jueves.

La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), concedió hoy miércoles medidas cautelares a Marrero y también al diputado Sergio Vergara, cuya vivienda fue registrada el mismo día en que fue arrestado el jefe de despacho de Guaidó, que es su vecino.

En su notificación, a la que accedió Efe, el organismo considera que Marrero y Vergara «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable».

Por eso, solicitó al Estado de Venezuela que adopte «las medidas necesarias» para garantizar la seguridad de Marrero y Vergara, así como para proteger su vida e integridad personal.

Además, pide que se garantice el «acceso a visitas» de representantes y familiares de Marrero, que supuestamente no han podido visitarle desde su arresto el pasado jueves.

En ese sentido, la CIDH expresó «especial preocupación» por el hecho de que «durante un tiempo» se desconociera el paradero de Marrero, que, según sus abogados, podría estar en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin), conocida como el Helicoide, en Caracas, aunque no hay una confirmación oficial.

Marrero fue detenido la madrugada del pasado jueves en un registro a su casa en el que, de acuerdo al Gobierno de Nicolás Maduro, se hallaron dos fusiles, una granada y divisas en efectivo.

La semana pasada, la CIDH recibió una solicitud para proteger a Marrero y Vergara por parte de cuatro abogados, que lo hicieron a título personal, Ignacio J. Álvarez, Génesis Dávila María Daniela Rivero y Juan Carlos Gutiérrez, representante del líder opositor Leopoldo López.

El equipo de abogados ya consiguió que en enero la Comisión dictara medida cautelares en favor de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países; por lo que, técnicamente, lo que ha hecho ahora la CIDH ha sido ampliar esas medidas para que incluyan a Marrero y Vergara.
La CIDH dirige sus peticiones en todo momento al «Estado de Venezuela», en vez de a un Gobierno específico, porque es un organismo técnico que tradicionalmente evita posicionarse sobre disputas políticas.

El 23 de enero, Guaidó invocó la Constitución para reclamar que, como jefe del Parlamento, tenía la autoridad de declararse presidente al considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro el día 10 de ese mes como fruto de unas elecciones celebradas en mayo y cuestionadas por parte de la comunidad internacional.

Guaidó ha ganado el reconocimiento de 54 países, incluido EE.UU., y de la Secretaría General de la OEA, dirigida por Luis Almagro.

La OEA como organismo no ha reconocido a Guaidó porque está compuesto por 35 Estados miembros y ellos toman ese tipo de decisiones de manera bilateral.