El Gobierno de Nicaragua anunció este viernes una serie de avances «para la estabilidad y la paz», ejecutados al margen de las negociaciones con la oposición para sacar al país de una crisis sociopolítica, que ha dejado ciento de muertos desde abril de 2018 en protestas contra la administración de Daniel Ortega.

El Ejecutivo resaltó que las medidas unilaterales forman parte de un «compromiso» con «la patria y los hogares, familias y comunidades», sin hacer referencia a los convenios firmados en marzo pasado con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que en abril anunció su retiro de las negociaciones hasta que el Gobierno cumpla con lo acordado.

El Gobierno nicaragüense incluyó entre sus medidas la excarcelación de «50 personas vinculadas a los hechos terroristas y violentos del año pasado», que contradice lo firmado con la oposición sobre la libertad absoluta e inmediata de 809 «presos políticos» contados al momento del acuerdo.

Asimismo, el Ejecutivo incluyó entre sus acciones el rechazo a las sanciones económicas internacionales contra familiares y allegados de Ortega, que el Parlamento Europeo y algunos países de América han anunciado si el presidente no cumple con las recomendaciones de la comunidad internacional, de respetar los derechos humanos.

Además indicó que trabaja en el «fortalecimiento de la institucionalidad electoral» de cara a las elecciones de 2021, contrario a las recomendaciones locales e internacionales, de unos comicios anticipados, como única manera de acabar con la crisis sin que el país caiga en una crisis mayor.

Otro anuncio del Gobierno fue que «garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, a los desplazamientos y movilizaciones», un tema controvertido, ya que mantiene la prohibición de manifestaciones contra Ortega, con una nutrida presencia de policías en las principales ciudades de Nicaragua.

También informó de la «promoción y protección de nuestra democracia, en todos los aspectos de la vida», un reclamo de la oposición, ya que la Policía arresta a las personas que cantan el himno nacional o alzan la bandera de Nicaragua.

«Aseguramos que todos los nicaragüenses cumplamos con las Leyes», resaltó el Ejecutivo, pese a las críticas porque el estallido social de 2018 se debió a la falta una «degradación de la institucionalidad», según ha dicho la Alianza Cívica.

El Gobierno resaltó el establecimiento de las comisiones de «Reconciliación, Justicia y Paz», compuestos por grupos oficialistas en las comunidades, escuelas, centros de trabajo y otros ámbitos sociales, así como la «Ley del Perdón», que para los opositores se trata de una «amnistía parcial» para los policías y parapolicías que han matado a cientos de manifestantes.

En el informe el Gobierno aseguró que ha recibido solicitudes de retorno de nicaragüenses en el exilio, que se cuentan por decenas de miles.

Además identificó sus medidas como el «establecimiento de un modelo cristiano, fraternal y solidario», que apoya a los diferentes sectores económicos.

El Gobierno apeló a sus acciones unilaterales pese a que la comunidad internacional y una aparente mayoría de nicaragüenses han advertido que no reconocerán propuestas al margen de las que se obtengan en acuerdos con la Alianza Cívica.

La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos desde el estallido social del 18 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha responsabilizado al Gobierno por la violencia. ONGs locales cuentan hasta 594. Ortega reconoce 199.

Cactus24 31-05-19