El embajador de Venezuela en Austria, Jesse Chacón, analiza el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, y sus consecuencias en la población venezolana.

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Con el advenimiento del nuevo orden mundial luego de la segunda guerra mundial, se generaron mecanismos sofisticados de guerra cuyos efectos no se manifiestan en la destrucción y el derramamiento de sangre, sino en una agonía lenta y muchas veces más letal sobre poblaciones enteras.

Los Estados Unidos y algunos aliados, ahora hacen uso de medidas coercitivas unilaterales (MCUs), las cuales se han traducido en grandes crímenes de nuestra era contemporánea.

El dolor y muerte infligidos a poblaciones vulnerables de Cuba, Irak, Siria, Irán, Libia y ahora Venezuela a través MCUs ha sido catalogado por expertos, como crímenes de lesa humanidad. Como lo describiera el experto independiente de las Naciones Unidas, Alfred De Zayas, las sanciones y bloqueos actuales se asemejan a asedios a ciudades medievales con el objeto de doblegarlas.

El derecho internacional concibe sanciones contra Estados en el ámbito multilateral. La Carta de las Naciones Unidas en su capítulo VII, define que solo el Consejo de Seguridad podrá decidir acciones contra un determinado Estado con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

En este sentido, una sanción de carácter unilateral con efectos extraterritoriales rebasa los límites de la legalidad. Se debe notar que una sanción toma forma y validez cuando se implementa en el ámbito de una determinada jurisdicción. Entre otros, los principios elementales de la jurisdicción son el territorio sobre el cual se imponen, la nacionalidad de las personas a las cuales se aplican, y los efectos que surten. La premisa es que estos principios convergen en la propia jurisdicción y no en terceras.

Por lo tanto, como lo señala un reciente informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Idriss Jazairy, sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones extraterritoriales son ilícitas, ya que no cumplen con ninguno de los principios de la jurisdicción, más aún son una violación del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, que en su artículo 33 prohíbe los castigos colectivos.

Por otra parte, mediante un estudio la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha demostrado que las MCUs violan el marco legal que regula los derechos humanos.

En Venezuela, la población experimenta un impacto sin precedentes, expertos del Consejo de Derechos Humanos aseveran que las sanciones no deberían ser la respuesta a la crisis venezolana, ya que solo llevan a la hambruna y a la falta de medicamentos, habiéndose agravado la crisis económica y generado desempleo y emigración; en pocas palabras las sanciones económicas matan.

El intento de doblegar a Venezuela a través de MCUs

Desde el año 2014, el pueblo venezolano es víctima de un ataque escalado por parte de los Estados Unidos, al cual se han sumado sus aliados. Un reporte del Departamento de Estado norteamericano reconoce que se han impuesto desde 2017, al menos 150 MCUs contra Venezuela.

A través de éstas se busca asfixiar a la economía y generar un escenario de muerte y confrontación; lo cual según sus planes, debería desembocar en un cambio de gobierno. Estas medidas ilegales son abiertamente reconocidas y hasta celebradas por el gobierno de los EE.UU.

El 24 de abril del presente, el Departamento de Estado publicó una lista con datos sobre las acciones llevadas adelante para derrocar al gobierno del Presidente Maduro; luego de darse cuenta de su naturaleza incriminadora, quitaron la información de su página web.

Este documento llamado “Acciones de los Estados Unidos en Venezuela” celebra el que se haya evitado que el gobierno venezolano participe en el mercado internacional, a la vez de no permitirle hacer uso de sus recursos. El documento enfatiza, entre otras la congelación de más de 3.2 billones de dólares (cifra que se viene incrementando), la caída de la producción de petróleo en 736.000 barriles por día, y el que un estimado de 25 buques transportadores de petróleo con 12 millones de barriles se encuentren varados por las dificultades de encontrar compradores. Esta sádica celebración del dolor humano, trae a la memoria la peor cara del fascismo, contra el cual los aliados lucharan en la segunda guerra mundial.     

Las sanciones se han enfocado en sectores clave para la vida de los venezolanos. Entre otras, se han congelado los bienes y cuentas en EE.UU. de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus subsidiarias, generando a su vez castigos para empresas estadounidenses y de cualquier otro país que hagan tratos con la compañía.

De acuerdo a una estimación del gobierno norteamericano, solamente las medidas impuestas contra PDVSA causarán una pérdida en 2019, de 11 mil millones de Dólares en exportaciones, congelándose adicionalmente 7 mil millones de Dólares en activos.

En el sector minero se han bloqueado las operaciones de la estatal Minerven, la cual explota las segundas reservas de oro más grandes del mundo. Se han impuesto sanciones a los bancos más importantes de Venezuela; y en el sector de transporte fluvial se castigan empresas que transportan petróleo venezolano.

Por otra parte, se ha procedido a congelar y confiscar fondos venezolanos en bancos extranjeros por un monto cercano a los 5.5 mil millones de dólares. Las sanciones alcanzan también a numerosos funcionarios del gobierno venezolano, los cuales se ven restringidos en la libre circulación internacional y en el uso del sistema financiero internacional.

Una de las mayores consecuencias de estas acciones ha sido la reducción del 36.4% en la producción de petróleo. En un reciente estudio, los investigadores norteamericanos Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, demuestran que si esta reducción y las sanciones se mantienen, se proyecta que los ingresos por exportaciones de petróleo en 2019 experimentarán una caída nunca antes vista del 67.2 % desde 2018.

Dado que casi la totalidad de las divisas necesarias para la importación de insumos básicos de subsistencia (alimentos, medicinas, equipos médicos, etc.) son generadas por la venta de petróleo, se observa un efecto devastador en la vida de los venezolanos.

Una reciente encuesta nacional, demostró que hubo un incremento del 31% en la mortalidad general entre 2017 y 2018. Esto implicaría un aumento de más de 40.000 muertes. Asimismo, se viene incrementando el riesgo para la población más vulnerable. Los estimados muestran que más de cuatro millones de personas se encuentran en situación de alto riesgo. Esto incluye a 80.000 personas con VIH que no pueden tener acceso a tratamiento antirretroviral desde 2017; 16.000 personas que requieren diálisis, 16,000 personas con cáncer y 4 millones de personas con diabetes e hipertensión. 

La muerte y desolación que las MCUs causan, hace posible que se las equiparen con armas de destrucción masiva. Por ejemplo, la bomba nuclear lanzada por los Estados Unidos en Nagasaki acabó con la vida de 75.000 personas; las medidas impuestas a Venezuela han matado ya, a más de 40.000 personas en un par de años, y millones se encuentran en alto riesgo. Dadas las condiciones, pareciera ser que estas personas se encuentran bajo una sentencia de muerte, y todo esto en nombre de la democracia y la libertad.

La lucha y denuncia contra las MCUs

Desde hace varias décadas que el uso de MCUs son denunciadas en foros internacionales, basta con hacer una revisión de pronunciamientos de condena en el marco de las Naciones Unidas, pudiéndose observar a más de 50 resoluciones de la Asamblea General, del Consejo y de la Comisión de  Derechos Humanos. Lamentablemente, esta condena no parece tener efecto en los Estados Unidos, el mayor transgresor del derecho internacional.

¿Qué acciones se podrían tomar para contrarrestar las acciones de abuso por parte de este Estado, el cual no responde a nadie y para el cual pareciera no existir el multilateralismo ni el ordenamiento jurídico internacional? Los pueblos víctimas de su acoso, deberían llevar la batalla a estrados internacionales, para que sobre el caso de la transgresión de los derechos humanos se pueda sentar precedentes legales. De igual manera, ahora más que nunca, la diplomacia deberá ser el instrumento que genere conciencia entre Estados que se hacen cómplices de estos crímenes. Se debe considerar, que las sanciones son parte de acciones políticas tomadas por gobiernos y no por pueblos. Confiamos en que será la lucha de los pueblos que al unir sus voces hagan eco en las decisiones de aquellos que vienen causando dolor y muerte.